La Junta de Extremadura ha decidido, tras el dictamen del Consejo Consultivo, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Castilla y León, el cual, como ocurre con el andaluz, también recurrido por Extremadura, se arroga competencias "exclusivas" sobre el río Duero. Ambos estatutos, el andaluz y el castellano-leonés, mantienen la misma posición y, por lo mismo, la Junta extremeña no tenía otra opción, si quería ser coherente, que recurrir el segundo por las mismas razones que ya apeló al Tribunal Constitucional a cuenta del primero.
El gobierno de Valladolid ha tildado al de Mérida, sin razón, de oportunista y electoralista. El de Mérida se ha defendido apelando a "los principios" de que las aguas de un río que discurren por varias comunidades autónomas deben ser competencia, por lógica constitucional, del Estado.
Seguramente muchos ciudadanos entenderán la posición de la Junta, porque arrogarse competencias de exclusividad sobre una corriente de agua mientras pasa por una comunidad autónoma es una de las fórmulas de disgregar el Estado. Ni siquiera eso es legítimo entre estados, porque si lo fuera y se llevara a las últimas consecuencias, por muy ilógicas que fueran, podría darse el caso de que Portugal se quedara sin caudal del Duero, el Tajo o el Guadiana.
La cuestión de fondo es qué está pasando en España para que los nuevos estatutos, con independencia del partido que gobierne cada comunidad, están alentando las fuerzas centrífugas. Detener esa tendencia sí es un asunto de principios.
