El ministro del Interior, Angel Acebes, ha manifestado su profunda preocupación por el auge del cannabis, que consumen un 22% de los adolescentes de entre 14 y 18 años. El ministro cree que los menores han de ser conscientes de que el uso de esta droga produce apatía, pérdida de memoria o falta de concentración. Y para conseguirlo propone perseguir a quienes defienden la inocuidad de este estupefaciente.
Una prohibición de tal tipo impediría un debate público legítimo. No debería haber ninguna cortapisa que impidiese discutir si el uso o el abuso del cannabis trae consecuencias más graves que el del tabaco o el alcohol, y si tiene alguna lógica que la primera sea una droga ilegal y las segundas, legales. Y defender la utilización recreativa o terapéutica de esta sustancia, en los medios de comunicación o en el Parlamento, no tendría que equipararse nunca a la inducción al consumo de drogas. Si la publicidad del alcohol y el tabaco está sujeta cada vez a más restricciones, nadie puede pedir que haya una mayor tolerancia con el cannabis. Pero Acebes va más allá y parece estar estudiando la creación de un nuevo delito de opinión, que resultaría tan inaceptable como inútil.
