WLwa decisión del presidente del Gobierno de no asistir hoy a la misa que oficiará el Papa en Valencia se atiene a la normalidad institucional de un Estado no confesional. Se trata de un cambio en los hábitos gubernamentales, solo apuntado durante los mandatos de Felipe González, que ha incomodado a los conservadores en la misma medida en que ha complacido a quienes entienden que la Constitución diseña un Estado laico.
Las audiencias privadas de ayer del Pontífice con Zapatero y Fernández de la Vega cubren de forma apropiada las obligaciones del Gobierno con Benedicto XVI durante su estancia en España para un acto estrictamente pastoral al que, por lo demás, asistirán los ministros de Exteriores y Justicia. La otra obligación del Ejecutivo, poner a disposición de una celebración multitudinaria del culto católico todos los medios precisos para que se desarrolle en libertad, se ha cumplido con la generosidad a que obligan la tradición del país y las dimensiones del acto. Una mayor implicación del Gobierno en el Encuentro Mundial de las Familias quizá se hubiese ajustado más a los tópicos de la España profunda, pero a costa de dañar la neutralidad exigible a los poderes públicos en materia religiosa.
