TMtuchos ciudadanos se muestran sorprendidos por la magnitud del debate en torno al cierre de la central nuclear de Garoña. Su capacidad de producción, poco más del 1% de la energía que se consume en nuestro país, la convierte en perfectamente prescindible sin que corramos riesgo de llegar al colapso eléctrico. Sin embargo, los grupos de presión que intentan condicionar el debate nos anuncian apocalipsis diversos. Dice el lobi nuclear que el cierre de Garoña elevaría nuestra factura eléctrica un 10%, lo que hace que sea más incomprensible para el consumidor entender el proceso de formación de precios que la estructura del átomo. Dicen los verdes que el mantenimiento de una instalación envejecida eleva el riesgo nuclear, lo que tampoco se compadece ni con la historia de la central burgalesa ni con la de la veintena de reactores gemelos que funcionan en Estados Unidos sin problemas.
La clave del debate no está en lo que Garoña es, sino en lo que su cierre supone como símbolo y como precedente. Seis de los siete reactores de nuestro país tienen que renovar sus licencias en los próximos dos años para cubrir su vida útil hasta el año 2021, y es ahí en donde el gobierno tiene que decidir si cumple su compromiso electoral o si sigue las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.
No lo tiene fácil, porque el debate es transversal y está instalado también en el gobierno, en el partido que lo sostiene y entre sus potenciales votantes. No lo tiene fácil porque es difícil justificar en tiempos de crisis la renuncia a estrujar todos los beneficios que puede proporcionar durante diez años una instalación que ya está amortizada. Y no lo tiene fácil porque es muy complicado explicar como congruente que España deje de producir a medio plazo energía nuclear mientras compra electricidad que otros, como Francia, producen por esta vía.
España ha dado en los últimos años un salto sustancial en la producción de energías renovables. Si mantiene ese músculo quizás sea compatible la prórroga de las centrales amortizadas y el cumplimiento del compromiso político. Una década puede ser tiempo suficiente para que el debate nuclear se disuelva por la vía de los hechos.
