Nuestro modelo de servicios públicos

Las improvisadas medidas tomadas por el Gobierno son injustas porque afectan sobre todo a ámbitos o colectivos desfavorecidos, congelan las pensiones, reducen gastos de atención a la dependencia, desincentivan la natalidad, recortan ayudas al desarrollo de países pobres y eliminan inversiones públicas. Las medidas hacen recaer el peso de la crisis sobre los hombros de los más débiles y no sobre los de aquellos que, por desidia o por avaricia, la provocaron.

Los recortes afectan también a los empleados públicos. Por primera vez en la historia el Gobierno reduce el salario de los empleados públicos una media del 5%, lo ha hecho de forma unilateral, rompiendo el Acuerdo para la Función Pública en el marco del Diálogo Social 2010-2012 . El Acuerdo, firmado por CCOO y otros dos sindicatos con representación en la Mesa de Función Pública con el Gobierno de Rodríguez Zapatero el pasado 25 de septiembre de 2009, era un acuerdo equilibrado, solidario con los desempleados, con moderación salarial a la vista de las dificultades económicas, que ya por entonces eran evidentes.

La ruptura unilateral del Acuerdo de la Función Pública tiene consecuencias que vamos a tardar en delimitar y que tienen que ver, por una parte, con la seguridad jurídica de los acuerdos y, por otra, con la defensa de los derechos adquiridos. Repetidas sentencias del Tribunal Constitucional afirman que el salario de los trabajadores es un derecho adquirido, por lo que una reducción del mismo puede ser ilegal. Pero además el incumplimiento de los acuerdos, sin negociación previa, sin que se haya reunido la comisión de seguimiento, produce una inseguridad jurídica que pone en peligro el mismo procedimiento de negociación colectiva, y no sólo en el sector público. Todo ello añadido a la irracionalidad que supone que se rompan buenos acuerdos en un espacio de tiempo de tan sólo ocho meses. Queda por determinar, por ejemplo, el alcance temporal de los recortes, ya que no se especifica si los mismos van a prolongarse más allá de 2011 o no, y si el Gobierno tiene previsto el procedimiento para recuperar el poder adquisitivo que ahora, tan injustamente, nos ha reducido o no lo tiene previsto.

XEN ULTIMOx término la reducción salarial debe ser entendida como una depreciación del valor del trabajo. Debe valorarse el hecho de que los recortes se hayan hecho sobre los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales y no se haya actuado al mismo tiempo sobre los valores del capital, las rentas, los fondos de inversión o los impuestos del patrimonio o de sucesiones que, en los últimos años, se han visto favorecidos fiscalmente o simplemente han desaparecido. Solo reponiendo el impuesto de patrimonio se recaudarían 1.500 millones de euros algo más de lo que va a suponer el recorte de las pensiones. Tampoco se ha mejorado la lucha contra el fraude fiscal y laboral, que todos suponemos elevado.

En España el sector público ocupa a un 6,53% de la población, mientras que en países más avanzados socialmente como Finlandia el porcentaje es del 13%, en Suecia el 14% y en Dinamarca el 17%. Hemos de estar prevenidos sobre si la salida de la crisis se hará con un fortalecimiento de los servicios públicos para equipararnos a los países más avanzados o, por el contrario, nos encontraremos dentro de unos pocos años con que cada uno va a pagar su sanidad, su enseñanza o el cuidado de sus dependientes, y que los demás deban acudir a la beneficencia, con lo que desaparecería el principio de solidaridad que caracteriza a los sistemas sociales de los principales países europeos.

Las alertas están encendidas, ya la Ley de Presupuestos Generales del Estado estableció que de cada diez vacantes del sistema público solamente se cubra una, y algún presidente autonómico ya anda haciendo apología de reducción de empleos públicos en su territorio. Esto unido a procedimientos generalizados de privatización de servicios públicos en el sistema educativo, en el sanitario, en atención a la dependencia, nos indica el modelo de servicios públicos que algunos nos quieren imponer. Precisamente el opuesto al modelo generalizados, solidario, eficaz, equitativo y potenciador de la igualdad de oportunidades que nosotros defendemos.

*Coordinadora Area Públicade CCOO de Extremadura.