La reforma de las cajas de ahorros que acaba de poner en marcha el Gobierno se centra en cuatro ejes fundamentales: transformación del régimen jurídico, mejora de la solvencia, profesionalización de la gestión y despolitización de los órganos de gobierno. Aunque los críticos con estas entidades no quedarán plenamente satisfechos, está muy claro que la nueva normativa las hace menos cajas y más bancos, porque en cierta forma las bancariza.

Puede ser discutible, pero lo cierto es que la sociedad actual no es aquella que 150 años atrás justificaba, e incluso reclamaba, la existencia de cajas como hasta ahora las hemos conocido. En cualquier caso, la ley no obliga a todas las entidades a seguir la misma alternativa, sino que permite varias opciones.

El Banco de España tendrá las competencias exclusivas en la supervisión de las cajas que actúen a través de una SIP --la fusión fría-- o de una fundación. De hecho, serán como bancos y parte de su capital podrá cotizar en la bolsa. También ganarán en transparencia. Las autonomías tendrán menos presencia en las entidades, mientras que al menos la mitad de los consejeros deberán tener experiencia en el sector. De ahí se desprende una paulatina y saludable despolitización. Las que hayan hecho fusiones reales permanecerán bajo la tutela autonómica.

Esta nueva legislación va a facilitar una segunda vuelta en el proceso de fusiones, de manera que si ahora están pasando de casi medio centenar a 19, a medio plazo puede acentuarse la concentración al tiempo que aumentará la solvencia de las cajas resultantes.