El Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay consenso generalizado en que la vigente ley de la ciencia, que data de 1986, fue un éxito en su momento, pero que el crecimiento de la ciencia en España hacía necesario un nuevo marco. El proceso de elaboración de lo que debe ser el proyecto estrella del Ministerio de Ciencia e Innovación en esta legislatura ha sido lento, fruto de compromisos con otros ministerios y de negociaciones con sindicatos y grupos de científicos.

Al final, no parece que el texto esté creando gran entusiasmo. Acierta la ley al modificar normas de carácter general para dotar de un marco más flexible a la actividad investigadora. También es plausible la creación de una agencia para la evaluación y la gestión de los proyectos de investigación. La ley, sin embargo, tiene aspectos que parecen más el producto de compromisos entre ministerios o con otros estamentos que de una visión sobre cómo debe ser la ciencia española.

La consagración del funcionariado en investigadores y técnicos o la falta de claridad sobre la misión de los organismos públicos de investigación son ejemplos de ello. Por otra parte, es un texto prolijo en el que se incluyen detalles que pueden acabar creando nuevas trabas en un sistema que necesita flexibilidad. En tiempos de cambio del modelo económico, un nuevo marco para la ciencia es una buena noticia. Esperemos que el trámite parlamentario pula el texto y lo haga tan útil como lo fue la ley a la que sustituirá.