El Gobierno está negociando con el sector el redactado de la nueva ley del cine, una vez la vicepresidenta Fernández de la Vega ha logrado acercar posiciones entre los distintos agentes de la industria, cuyos intereses no son siempre coincidentes. Una aproximación que no logró la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que en diciembre presentó un borrador que no había consultado con los implicados. Pero para lograr desencallar el proyecto, el Gobierno ha alumbrado un texto de mínimos y se ha dejado algunos jirones en el camino. Por ejemplo, ha renunciado a su intención inicial de incrementar en un punto el porcentaje de ingresos brutos que las cadenas de televisión estarán obligadas a invertir en producción cinematográfica. Ese porcentaje se quedará en el 5%, como se reglamentó en 1999 en virtud de una trasposición de una directiva de la Unión Europea. La cuota de pantalla de cine europeo se mantendrá en el 25% del número total de sesiones (es decir, una película europea por cada tres de producción extracomunitaria, normalmente norteamericanas), renunciando a una ampliación de esa cuota como deseaban los productores, pero no los distribuidores y exhibidores. Para compensar a los productores, De la Vega ha obtenido del vicepresidente Solbes la concesión de que podrán mantener la desgravación del 18% de la inversión realizada, bonificación fiscal que, hasta el 2012, se hará extensivas a las agrupaciones de interés económico en las que participe algún socio financiero. Habrá que esperar para ver si estas orientaciones, tímidas, sirven para impulsar el cine español y erradicar el raquitismo de una industria cultural vital.
