Abogado

El pasado día 22 de diciembre amaneció pleno de esperanzas e ilusiones para una inmensa mayoría de ciudadanos de este país. Sin embargo, para una minoría cada vez más numerosa de ciudadanos que también forman parte de este país, ese día comenzó con la reafirmación de su desesperanza y desilusión como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley de extranjería, la tercera de esta legislatura, lo cual evidencia el estrepitoso fracaso del Gobierno del PP en una materia, la inmigración, en la que cada vez se hace más necesario el traspaso de competencias a las comunidades autónomas que muestran una mayor sensibilidad y preocupación por la manera en que puedan resolverse los problemas que la inmigración genera. Al respecto la Junta de Extremadura ya se ha pronunciado señalando que las competencias de las que actualmente dispone el gobierno autonómico no son suficientes para controlar los movimientos migratorios o regular la situación de los extranjeros que llegan a nuestra comunidad. Por tanto, si se tiene en cuenta la posibilidad establecida a través del artículo 150 de la Constitución, habrá de concluirse que no existe impedimento legal alguno para que el traspaso de competencias se lleve a cabo de una manera efectiva y eficiente, cuestión distinta es que haya voluntad política para ello. Y se hace necesaria esa adecuada regulación, puesto que la nueva ley estatal no deja de ser una norma represora y limitativa de derechos, que viene a establecer más cortapisas a cualquier proceso de regularización de los inmigrantes, condenándolos a sufrir una mayor marginalidad, fomentando su desintegración y, por ende, su rechazo. Téngase en cuenta, al respecto, y como botón de muestra, que medidas como el acceso de la policía a los datos del padrón de habitantes de cada municipio determinará el desinterés de los inmigrantes a inscribirse en ese registro administrativo, y como consecuencia se dificultará su acceso a la sanidad, a la educación y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles. Además, con la nueva ley estatal, se consolida la tremenda precariedad laboral que padece el colectivo de inmigrantes, fomentando su explotación y la limitación de sus derechos básicos, aparte de generarse una economía sumergida difícilmente controlable. Si a ello añadimos la incidencia que van a tener en los movimientos migratorios situaciones tales como la globalización de los mercados de trabajo, la apertura de nuevos espacios económicos y comerciales, la ampliación de la Unión Europea, es fácil deducir que no sólo es necesaria una adecuada regulación de la materia, sino que ésta deberá hacerse urgentemente.

Pero esa urgente necesidad no puede venir marcada por la precipitación. Para que resulte eficaz, deberá abordarse perfeccionando el marco jurídico para mejorar el desarrollo de los servicios que presta la comunidad autónoma, todo ello con el claro objetivo de asegurar el bienestar social de todos los ciudadanos que la habitan, sean nacionales o extranjeros. Para lo cual, cada día se hace más necesaria la puesta en marcha de un especializado gabinete técnico de inmigración que preste un adecuado asesoramiento tanto en el ámbito político-legislativo, como en el de los propios inmigrantes afectados, y que impulse un paquete de medidas y reformas sociales que garanticen la universalización de derechos a los ciudadanos inmigrantes residentes legalmente en nuestra comunidad que se encuentran en situación de marginalidad; medidas que defiendan y potencien la igualdad de todos los ciudadanos en el disfrute de sus derechos y libertades en un espacio común y compartido que garantice la plena integración, potenciando instrumentos institucionales de coordinación de las políticas territoriales y de desarrollo económico, impulsando paralelamente la planificación de políticas activas de empleo en aquellas localidades donde la población inmigrante resulte significativa. Le competería a ese gabinete proponer mecanismos que hagan posible la integración sociolaboral del colectivo de inmigrantes. Con ello se estaría contribuyendo a que nuestra comunidad autónoma gozara de un mayor grado de bienestar, de justicia social, de libertad y de igualdad de derechos y cohesión social, que son notas características y síntomas claros de niveles de modernidad y progreso, y que, con leyes estatales como la vigente de extranjería, resultan difíciles de alcanzar.