El impacto del estallido de la burbuja inmobiliaria afectó de lleno y de forma directa al sector de la construcción, y manifestó su cara más cruda en las cifras de paro. Sin embargo, las consecuencias para el sector financiero de ese fenómeno se han venido arrastrando de una manera mucho más difusa y extendida a lo largo de los tres años largos de crisis. Esa falta de claridad ha preocupado a los inversores que prestan dinero a bancos y cajas en los mercados de capitales. Esta es una de las razones fundamentales que explican el cierre del grifo del crédito que afecta a nuestro sistema y que se ha convertido en uno de los factores de estrangulamiento de la economía. El grado de toxicidad de los activos inmobiliarios en los balances de la banca no ha quedado demasiado claro a ojos de los analistas, especialmente en lo que se refiere a las cajas de ahorro.

El año pasado, el Gobierno y el Banco de España pusieron en marcha el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, un instrumento destinado a capitalizar a las Cajas que pusieran orden interno. Eran cantidades que, en el caso de no ser devueltas (el interés no es bajo: supera el 7%), se transformarían en acciones, lo que obligaba a cambiar la estructura jurídica de caja para transformarse en banco. Ahora se modifica la ley del FROB: para que una caja pueda obtener recursos públicos debe cambiar, ser un banco, y la inyección tendrá forma de acciones durante cinco años. Además, bancos y cajas deben tener más de un 8% de capital propio en relación a sus activos (el denominado ´core capital´), lo que supone la mayor solvencia de Europa. Pero las cajas que no quieran recurrir al FROB podrán seguir como hasta ahora, si bien para ellas la exigencia de solvencia será mayor.

De esta forma, el sistema financiero español envía una señal de rigor que se antoja imprescindible para acallar la incertidumbre de los mercados. Las dos cajas extremeñas lanzaron ayer un mensaje de tranquilidad a los impositores de la región al informar que sus respectivos capitales propios en relación a sus activos --es decir, su índice de solvencia-- ya es superior al 8% y que por tanto cumplen en estos momentos las condiciones que serán exigidas por el Ministerio de Economía para no ser nacionalizadas el próximo septiembre. A la vez, Caja de Badajoz aseguró que las nuevas condiciones exigidas por el Gobierno no impedirán que el banco que ha conformado con Caja Inmaculada, de Zaragoza, y Caja Círculo, de Burgos, continúe si pedir ayudas al FROB.

A la vista de lo ocurrido en prácticamente un año en el sector de las cajas de ahorro, se ha manifestado como acertada la decisión de los consejos de las dos entidades extremeñas de no fusionarse entre sí. Precisamente las fusiones en base al territorio son las que concitan mayor atención del Banco de España y de Economía, debido precisamente a que resultaron ser los condicionantes políticos los que primaron en esa decisión, frente a los puramente financieros, que son los que se requieren en un momento tan difícil para no comprometer el futuro.