WEw l lendakari, Juan José Ibarretxe, se ha vuelto a equivocar. Y este error, el que contiene el enunciado de las preguntas que pretende someter a una consulta no vinculante el próximo otoño, es de los graves, porque lleva irremisiblemente a dividir a los ciudadanos a los que dice representar; lleva a levantar más muros entre nacionalistas y no nacionalistas dentro de la sociedad vasca.

Ibarretxe desveló por fin el misterio del contenido de sus dos preguntas, propuestas por su Gobierno --la presentación de la papeleta se hizo de forma solemne, arropado el lendakari por todos sus consejeros-- en forma de proyecto de ley que deberá ser votado en el Parlamento vasco el 27 de junio. El primero de esos interrogantes que deberían contestar los vascos, en el hipotético caso de que esa consulta inconstitucional pudiera organizarse, propone el apoyo a un final dialogado de la violencia "si ETA manifiesta de forma inequívoca" su intención de abandonar el terrorismo. Es decir, en el proyecto del empecinado Ibarretxe, podría hacerse un referendo sin que ETA hubiera dejado las armas. Bastaría una simple declaración de intenciones, como otras que se han producido anteriormente y que siempre han acabado en un regreso a las bombas. Con ese condicionante, los partidarios del sí podrían hacer campaña con relativa normalidad y los del no tendrían que exponer sus razones rodeados de escoltas y con miedo a ser asesinados.

Pero hay más, el texto promovido por el lendakari ha eludido la condena expresa del terrorismo etarra, lo que podría permitir al PNV y a su socios contar en la votación parlamentaria con el apoyo de EHAK, la formación heredera de Batasuna, que no rechaza los asesinatos. Ibarretxe, en una decisión que le retrata para la historia, ha preferido quedar en manos de quienes no condenan a ETA a perder una votación --que él mismo propone, es decir, que se la podía haber ahorrado-- en el Parlamento de Vitoria. Puede ser para él una victoria aritmética, pero también irresponsable porque la alcanza al elevado precio de dañar la convivencia entre los vascos.

El Gobierno ha anunciado ya que recurrirá esa ley, pues el Ejecutivo vasco carece de atribuciones para convocar una consulta de esa naturaleza, responsabilidad que corresponde al Gobierno de la nación o, si no es así, debe tener el permiso del mismo. En la consulta también se plantea (segunda pregunta) el derecho a decidir de los vascos. No hay duda de que el Constitucional tumbará el plan Ibarretxe 2, como antes hizo el Congreso de los Diputados con el plan Ibarretxe 1. Pero no será gratis. La falta de realismo del lendakari elevarán la tensión política hasta que las urnas decidan, esta vez dentro de la legalidad, una nueva composición del Parlamento vasco, tal vez con el PNV en peor posición que ahora.