WFw uentes oficiales mexicanas aseguraban a principios del mes de agosto que el número de muertos en actos de violencia relacionados con el narcotráfico desde finales del año 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia del país, era de 28.000.

Esta cifra sobrecogedora ha ido creciendo durante todo este mes y a ella se han sumado nada menos que los 72 asesinados en Tamaulipas esta semana. Tradicionalmente, los muertos lo eran en guerras entre distintos cárteles del narcotráfico o entre estos y las fuerzas del Estado.

La última barbaridad demuestra un cambio considerable en las actividades de los narcotraficantes: las víctimas eran inmigrantes indocumentados procedentes de países como Honduras, Brasil, Ecuador y El Salvador cuya única aspiración era llegar a Estados Unidos en busca de un futuro que no tenían en su propio país.

Pese a las medidas estadounidenses para sellar su frontera con México y detener la inmigración ilegal que en la actualidad existe y también pese a los graves peligros que el intento de entrar en Estados Unidos acarrea, el flujo de inmigrantes de países al sur de México no se detiene.

El narcotráfico ha visto en estos individuos que son ajenos a la violencia mexicana, cuya falta de documentos les expone a una situación de debilidad e indefensión, una nueva fuente de un negocio infame centrado en la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.

El presidente Calderón, a su llegada al poder, declaró la guerra total al narcotráfico, y para ello ha empleado a 45.000 soldados y a miles de policías federales.

Por el momento, el único resultado de esta guerra ha sido el aumento del número de muertos y de la espiral de brutalidad manifestada por los narcos hacia sus víctimas.

Esta brutalidad, que incluye decapitaciones, otras mutilaciones o el despellejamiento, retrotrae a un arcaísmo premoderno y pone de manifiesto la degradación de la sociedad mexicana, cuyos medios de comunicación son objeto de una campaña de intimidación, mientras la corrupción alcanza lo más profundo de las instituciones del Estado.

El aumento de la violencia entre bandas era considerado por el Gobierno como el resultado del éxito de su política contra el narcotráfico. La aparición de asesinatos masivos de inmigrantes, por el contrario, demuestra que la búsqueda de nuevas actividades delictivas no se detiene.