Los convenios colectivos, en los que se recogen las mejoras de las plantillas en sus negociaciones con las empresas, son ahora el reflejo del proceso inverso. La situación económica, con un paro del 26%, y el marco legal de los despidos que dibuja la reforma laboral crean las condiciones para esa marcha atrás. En los últimos días hemos asistido a la firma de acuerdos con unos contenidos imposibles hace apenas unos años. Los grandes sindicatos, aunque no firman algunos de ellos, suscriben la mayoría porque saben que no hay vuelta de hoja, que la amenaza de la deslocalización es real. En esas condiciones no es de extrañar que en convenios como el de los grandes almacenes, que afecta a 230.000 personas, las partes han pactado congelación salarial hasta el 2016, lo que puede suponer un recorte del 10% en total, más un aumento de 26 horas anuales no retribuidas. El pacto no cuenta con la rúbrica de CCOO y UGT, con menos implantación en el sector que en el metal, por ejemplo, donde sí han respaldado acuerdos que incluso van más allá, como el de Nissan.
Los nuevos convenios constatan la pérdida consciente de poder adquisitivo de los trabajadores a favor de la competitividad de sus empresas con la esperanza de que esta devaluación posicione bien a la economía para cuando se inicie la salida del túnel. Un ejercicio de responsabilidad en estos tiempos de escándalos que debería servir de ejemplo a tantos personajes que se aferran a sus privilegios contra viento y marea.
