XDxice Jiménez de Parga que no está dispuesto a tolerar que se cometa una injusticia histórica contra lo que él considera un ataque contra la Iglesia y los colegios religiosos, supongo que a raíz de la paralización de la Ley de Calidad de la Enseñanza y, en concreto, en referencia a uno de sus decretos más polémicos, el de la obligatoriedad de la enseñanza de la religión en los centros educativos públicos.
Pero no está solo el presidente del Constitucional ya que Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid, y su consejera de Educación, para la que los inmigrantes y los gitanos no van a clase para aprender y estudiar, le acompañan en esta nueva cruzada a favor de la Iglesia.
Desde que se comenzó a conocer el contenido de la LOCE, la asociación que represento se posicionó en contra de la misma, por entender que algunos de los decretos que desarrollaba la misma podían ser, en principio, inconstitucionales. Por no hablar de que esta ley nace sin el mínimo consenso necesario para un tema tan delicado e importante como es la Educación. El derecho constitucional a la libertad religiosa y de culto debe practicarse dentro de los límites que marcan las iglesias católicas, las mezquitas musulmanas, las sinagogas judías o los templos budistas pero no debe extenderse al ámbito educativo y menos aún al ámbito de los colegios públicos de un país, como el nuestro, cuya Constitución de 1978, mal que le pese a algunos cruzados, deja bien claro que es aconfesional y que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. También nuestra Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar acerca de su religión y, en este caso, los padres y madres de alumnos estaban obligados a dejar constancia de si estaban de acuerdo en que sus hijos e hijas recibiesen estas clases y, por tanto, estaban siendo obligados a declarar sobre su religión. De otra parte, está clara la benevolencia del anterior Gobierno con las cúpulas jerárquicas católicas porque sólo de esa manera se puede entender que, con todo lo argumentado anteriormente, sólo se contemplara la impartición de la religión católica. La realidad social de la España de hoy haría necesario que se impartieran clases de religión islámica, hebrea, evangelista o protestante.
¿Qué tipo de valores cívicos o sociales se iban a defender en estas aulas cuando la Iglesia no se ha caracterizado por la consecución y desarrollo de los derechos sociales de muchos de los colectivos de nuestra sociedad?
*Portavoz de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura
