Benidorm, uno de los puntos de referencia del turismo de masas en España y para muchos el símbolo de los despropósitos urbanísticos en la costa mediterránea, tiene desde ayer un nuevo alcalde, surgido de una moción de censura que ha desalojado del gobierno municipal al PP. No es una situación nueva en el consistorio alicantino, donde en 1991 el PSOE perdió la alcaldía a manos de Eduardo Zaplana, que desde ahí construyó su espectacular carrera política. En ambos casos, en el desalojo de los alcaldes han intervenido tránsfugas. Si entonces fue una socialista la que se se pasó de bando y decantó la balanza hacia el PP, ahora ha sido un popular el que ha dado la alcaldía al candidato presuntamente izquierdista. Hay que usar ese adjetivo, y no socialista, porque los 12 concejales elegidos hace dos años en la lista del PSOE se han desvinculado de su partido para acometer el derribo del alcalde del PP. La dirección del PSOE --que en 1998 firmó con el PP un pacto antitransfuguismo de lánguida aplicación-- ha desautorizado a sus ya exmilitantes, entre los que, para abundar en el enredo, figura la madre de Leire Pajín. En cualquier caso, lo sucedido en Benidorm, donde los intereses económicos en juego son de altos vuelos, no es un buen ejercicio de democracia municipal, sino del peor estilo de hacer política.
