Es muy probable que la fecha del jueves 18 de febrero de 2010 figure en el futuro en los manuales de la historia de la Comunidad Extremeña. Lo cierto es que ese día el contencioso de Guadalupe, poco después de las 10 de la mañana, sufrió un cambio radical, un punto de no retorno en el proceso de reivindicación de la territorialidad extremeña de Guadalupe. La Asamblea de Extremadura ha sabido estar a la altura de las circunstancias interpretando que la pertenencia de la Patrona de la Comunidad a su circunscripción natural le incumbe y la obliga.

¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Cuál es el camino para conseguir algo tan legítimo como es que la Patrona de una región figure, a todos los efectos y principalmente en lo religioso, dentro del territorio en el que se asienta?

El contencioso Guadalupe tiene tres planos principales: el religioso/pastoral, el institucional y el social o cívico. Los elementos históricos del problema son, en toda su medida, históricos. Es decir del pasado; no del presente ni del futuro. La pretendida razón histórica de su adscripción a Toledo es tan categóricamente medieval, en el sentido más pernicioso de la palabra y del concepto, que difícilmente se puede defender con honradez intelectual y, mucho menos, invocando razones religiosas. Quienes lo defiendan tendrán que alegar razones de conquista, de guerra, de transacciones comerciales, de vasallaje, de violencia y de ensañamiento. Sería el peor servicio que entre todos podríamos hacer a un planteamiento religioso.

XEN EL PLANOx estrictamente religioso o pastoral entramos de lleno en el mundo del sentimiento y de las emociones más respetables. ¿Quién se atreve a decir que la devoción a una virgen, aun en el plano intelectual más laico, no es territorio de las emociones y de los sentimientos? ¿Existe en Extremadura un sentimiento religioso más compartido, más espontáneo, que el aprecio o el culto a su Patrona, la virgen de Guadalupe? ¿Se puede invocar alguna razón religioso/pastoral para impedir que esos dos conceptos que mejor definen a los ciudadanos de estas tierras, Guadalupe y el sentimiento regional, estén disociados y enfrentados? ¿Beneficia o perjudica al oficio pastoral de los obispos extremeños que Guadalupe siga siendo un conflicto no resuelto? ¿Qué beneficia más a la comunidad católica, que Guadalupe se integre en Extremadura, o que continúe siendo pieza de contradicción?

Guadalupe es para Extremadura el elemento más valioso de autoafirmación y de prestigio. Guadalupe fue un emporio intelectual, cultural, científico, artístico y religioso. En una tierra tan falta de recursos de identidad, ¿cómo renunciar al ingrediente más potente de proyección al futuro? La dualidad de la situación actual está impidiendo la recuperación de una Guadalupe más dinámica, más atractiva, más comprometida con la sociedad.

Las instituciones, la Asamblea de Extremadura a su cabeza, han cumplido con su deber y con la historia. Mienten quienes dicen que se ha politizado el problema de Guadalupe. No entienden que la Asamblea, y más cuando actúa por unanimidad, es la representación legítima y democrática de todos los extremeños. La jerarquía eclesiástica no puede impedir que todos los ciudadanos fijen su atención en su comportamiento. Es a ella a la que compete la resolución del problema. Y las soluciones tienen siempre un plazo.

Los obispos extremeños han emitido un comunicado que, en síntesis, significa que agradecen a la Asamblea el reconocimiento de la autonomía e independencia de la iglesia en este asunto; que no han dejado de activar el expediente sobre Guadalupe ante los organismos romanos y ante el arzobispado de Toledo y, finalmente, que se está a la espera de que una comisión emita un informe sobre la petición común de los obispos de las tres diócesis extremeñas , que, según parece , sería el paso previo a una decisión definitiva.

Así las cosas, parece que nos encontramos en un punto decisivo. Las instituciones --la Asamblea-- han cumplido su cometido. Los obispos, creemos que por primera vez en público, se han manifestado sin ambages a favor de la integración de Guadalupe en la provincia eclesiástica extremeña. Parece que en este caso hay razones para la esperanza y el optimismo. Y, sin embargo, no faltan razones fundadas para la duda y el escepticismo, porque ya en otro tiempo se frustraron oportunidades en que el problema estuvo prácticamente resuelto y no se hizo y no se quiso hacer.

Falta, pues, un tercer elemento decisivo: la movilización de la ciudadanía extremeña para pedir, rogar, exigir, que lo prometido se cumpla sin dilaciones. Conozco a los promotores de la Asociación Guadalupex. Me consta que trabajan con obstinación, pero con prudencia. Sé que han puesto en marcha una maquinaria de reivindicación a tono con la importancia del objetivo final. Si la Asamblea de Extremadura lo pide y lo urge; si los obispos extremeños están de acuerdo, ¿quién se opone a que Guadalupe sea extremeña?