Los obispos que están disconformes con algunos de los pasajes de la pastoral de la Conferencia Episcopal Española sobre el terrorismo y el nacionalismo han pedido un dictamen sobre uno de los argumentos más polémicos: si es cierto que la doctrina social de la Iglesia desautoriza la autodeterminación. El resultado del encargo, si la oposición del cardenal catalán Carles no frena su elaboración, es previsible. Es evidente que un buen número de obispos catalanes y vascos están molestos por cómo se gestó el documento durante la cumbre episcopal de la semana pasada en Madrid.
No hay ninguna duda de que al presidente del Episcopado, Antonio María Rouco Varela, sólo le interesaba rehacer sus buenas relaciones con el Gobierno de José María Aznar tras las fricciones por el pacto antiterrorista y la pastoral de los obispos vascos sobre el mismo tema. Con los matices que se quiera, los obispos españoles reflejan las diferentes visiones que sobre el terrorismo y el nacionalismo tienen los laicos de unas y otras diócesis. Que los prelados discrepen entre sí sobre fundamentos morales puede ser enriquecedor, pero pretender trasladar esa diferencia a toda la sociedad española, incluida la no creyente, es excesivo.
