Un grupo de padres cacereños ha presentado un recurso de alzada ante la Junta de Extremadura de la que reclaman que se le reconozca el derecho a objetar la asignatura Educación para la Ciudadanía. El recurso, así lo dijo la consejera de Educación, no va a prosperar y, por tanto, trasladarán su reclamación a los tribunales de justicia.

En torno a esta asignatura están proliferando iniciativas como la de los padres cacereños, alentadas por los fallos favorables a sus intereses de los tribunales andaluces.

A nadie se le escapa que se trata de un debate ideológico. Desde nuestro punto de vista --suficientemente puesto de manifiesto desde el espacio editorial de este diario-- Educación para la Ciudadanía es una asignatura necesaria y conveniente y en nada atenta contra ningún tipo de moral religiosa. Pero es claro que no todo el mundo piensa así. Y es natural. En este sentido, se está haciendo tanto o más ruido en torno a los recursos de los padres que quieren objetar que sobre los contenidos de la asignatura. Y no es lógico. Hay que dejar que los tribunales se pronuncien. Y cuando lo hagan, solo queda acatar lo que dicten. Al fin y al cabo eso es Educación para la Ciudadanía: el Estado de Derecho. No hay que rasgarse las vestiduras porque la gente lo utilice. Son ciudadanos.