Los ciudadanos, y especialmente los periodistas, deberíamos esforzarnos por averiguar, y publicar, los nombres de los cargos y funcionarios públicos que se niegan a casar parejas homosexuales, de los médicos públicos que rechazan practicar abortos legales y de los farmacéuticos que se oponen a dispensar artilugios y medicamentos anticonceptivos o abortivos legales. Es necesario saber quiénes son estos objetores que financian sus estrechas conciencias con dinero público, a fin de que los demás podamos objetar contra ellos. Particularmente tengo una seria objeción de conciencia a que me juzgue, me reconozca o me suministre medicamentos un juez, un médico o un farmacéutico tan retrógrados. No me fío de funcionarios que, viviendo de mis impuestos pero refugiando inaceptablemente sus conciencias en el privilegio de su estatus y en la peculiaridad de sus creencias, rechazan cumplir la ley.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dejado sentado que los jueces no pueden negarse a cumplir la ley en materia de matrimonio homosexual. La ley, ha dicho, está por encima de la objeción de conciencia, que sólo cabe, en un Estado democrático, en el caso del soldado de reemplazo que se niega a servir en el Ejército. Estoy esperando una sentencia parecida en el caso de los médicos públicos que se niegan a practicar abortos legales. Comprendo que tengan escrúpulos de conciencia y que objeten, pero, en ese caso, lo que tienen que hacer es dejar su puesto y pasarse al sector privado.

Lo de los farmacéuticos que se niegan a dispensar preservativos, píldoras anticonceptivas o la llamada píldora del día siguiente, es un caso especialmente sangrante. No son funcionarios públicos, aunque tienen una reglamentación excluyente que casi les equipara, pero, sobre todo, están financiados en la mayor parte de su actividad, vía Seguridad Social, con dinero público.

En este país que todavía se mueve en la esfera pública con el añejo motor de la fe privada, hay que empezar a llamar de una vez a las cosas por su nombre. A los ciudadanos nos queda el recurso de objetar contra esos objetores que anteponen sus creencias al cumplimiento de sus obligaciones legales. Por eso es necesario saber quiénes son, para objetar contra ellos. Por una cuestión de estricta conciencia democrática.