Si todo funciona como está previsto, en unas semanas la Comisión Europea modificará los objetivos de déficit público para España. Pese a que hasta ahora en ningún ejercicio se ha alcanzado la meta fijada, su reducción ha sido muy importante y constante, lo que es un sólido argumento a favor de la prórroga. De producirse esa dilatación, como ya sucedió el año pasado, el límite para el 2013 podría quedar en el 6% del Producto Interior Bruto, punto y medio por encima del que se había calculado hasta ahora.

El Gobierno ha confirmado que negocia con Bruselas en esos términos. El resultado de los contactos se reflejará en el Programa de Estabilidad Económica 2013-2016 que Madrid ha de entregar durante la segunda quincena de este mes, y donde también figurarán las nuevas previsiones oficiales. Probablemente, la más significativa será la caída del PIB para este año: desde el 0,5% de los Presupuestos Generales hasta quizá el 1,5% que calcula el Banco de España. Con una recesión de ese calibre sería un sinsentido someter a la economía a un ajuste que nos lleve al 4,5% del déficit. La experiencia ha demostrado --en toda Europa-- que las consecuencias negativas de los recortes aconsejan más prudencia. Tanto la constatación de que España reduce paulatinamente su déficit público como los efectos adversos de pisar el acelerador en exceso parecen los avales más sólidos para conseguir un nuevo cambio en los objetivos.

Mariano Rajoy , de forma privada, y Cristóbal Montoro , en público, se han comprometido a repartir mejor que el año pasado esa entrada de aire fresco entre las autonomías. El ministro de Hacienda ha respaldado incluso establecer objetivos asimétricos de déficit. Es decir, que partiendo de la base de un reparto igualitario se tengan en cuenta condiciones específicas: ni la deuda ni el déficit se pueden analizar solo como porcentajes, ni tampoco únicamente como cifras absolutas; se deben combinar las dos perspectivas. De esa forma, si las comunidades asumieran un tercio del objetivo, es decir, el 2%, como propugnan desde algunos gobiernos autonómicos, puede que algunas quedaran por debajo y otras por encima. Lo lógico sería lograr la cifra media, aunque desde Extremadura se pide premiar a las que como ella han cumplido sobradamente y no hacer tabla rasa con las que no han hecho los 'deberes'. La última palabra la tiene ahora ahora Rajoy.