Losos profesores responsabilizan a las familias porque estas hacen dejación de su función de educar a los hijos y conciben la escuela como un aparcadero. Los padres culpan a un profesorado desmotivado y mal formado. Unos y otros acusan a la Administración por cambiar tan a menudo de leyes y por equivocarse cada vez que lo hace, y a la sociedad en general porque fomenta o tolera valores contradictorios con la educación y el estudio. Los políticos se aferran a sus principios ideológicos para desacreditar lo que proponen sus oponentes sin pararse a pensar si tienen razón. Los teóricos de la pedagogía y la psicología imparten doctrina sin contrastarla con la práctica en las aulas.

Sea la culpa de unos u otros, o más probablemente culpa de todos, lo cierto es que la enseñanza está mal en España. Lo que se ha filtrado del informe trianual del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), que patrocina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), confirma por desgracia lo que ya se temía. En conocimiento científico, los alumnos españoles de 15 años están en el furgón de cola de los países de la OCDE, con 488 puntos, 12 por debajo de la media.

Los datos, que se repiten con insistencia cada vez que se elabora un nuevo informe PISA, hacen acreedores a todos los ministros de Educación desde la muerte de Franco de las orejas de burro que antaño simbolizaban el suspenso. Tal vez no todos ellos tienen el mismo grado de responsabilidad en la debacle educativa que padecemos, y de que la sociedad en general, y los medios de comunicación en particular, tenemos nuestra parte de culpa, principalmente por no haber prestado la suficiente atención a las señales de peligro procedentes de escuelas e institutos cuando aún se estaba a tiempo. Pero les ponemos orejas de burro porque la democracia no ha sido capaz de sacar adelante un acuerdo para poner la educación en la primera línea de la acción de gobierno. España perderá el tren de la sociedad del conocimiento si no sabe reaccionar a tiempo.

El informe PISA se ha elaborado a partir de los datos de ocho comunidades autónomas. Casualmente, y salvo Andalucía que es la única que aparece por debajo de la media, las siete restantes son las que mejor nivel educativo tienen. Extremadura no está entre ellas porque ha renunciado a colaborar con el informe. Mal síntoma. Demuestra con ello no solo una actitud renuente a evaluaciones externas que no tienen por qué ser complacientes, sino una inseguridad sobre la gestión que se lleva a cabo. La Administración regional en su conjunto debería mirarse más veces en el SES, que es un organismo que ha establecido controles sobre su gestión e incluso una ley que le exige ser diligente. Solo por eso, por aceptar la evaluación, merece la confianza de los ciudadanos. Máxime cuando hay otros estudios, elaborados por organismos independientes como es la Fundación Jaume Bofill y publicado por este periódico el pasado jueves, que sin dejar de indicar las insuficiencias del sistema, sí explica las mejoras y las coloca en la perspectiva del tiempo. Es de esperar que el próximo informe PISA se elabore con datos de Extremadura. Con independencia de los mismos, significará voluntad de escrutinio y de mejora. No hacerlo significará esconder la cabeza bajo el ala.