Las cartas publicadas la semana pasada redactadas durante años por la cúpula en Nueva York de los Testigos de Jehová y enviadas a los Ancianos (los responsables) de las 1.400 congregaciones españolas que dependen de la sucursal española de esta organización religiosa desvelan instrucciones para evitar que los casos de abusos sexuales a menores en el seno de su comunidad salgan a la luz. De los documentos se deduce una política sistemática de ocultación que coincide con las denuncias presentadas en España y con el testimonio de una mujer, que denunció en este diario que fue violada con 8 años y después amenazada para que guardara silencio. En Australia, una comisión gubernamental ha afeado su negativa a comunicar a las autoridades las denuncias de abusos. En EEUU, los Testigos de Jehová prefieren pagar multas a entregar los documentos de abusos que piden los jueces. Cuesta creer que una actitud que se repite en diferentes países no sea un intento premeditado de tapar los escándalos, como denuncian las víctimas, en línea con la opacidad que es marca de la casa de esta organización religiosa. La ocultación, y la existencia de unos tribunales paralelos que velan por el mantenimiento de las normas morales, son intolerables en un Estado de derecho. La libertad religiosa no puede amparar este tipo de prácticas, y menos cuando estamos hablando de abusos sexuales a menores. Ninguna religión puede conculcar las libertades de los ciudadanos.