Sí, sería magnífico que el Gobierno, los sindicatos, y qué decir si se suma la patronal, lograran un pacto global sobre la reforma laboral y las pensiones. No tanto por el riesgo de que el país se enfrente a una nueva huelga general, sino porque son reformas de calado que afectan en profundidad a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ya que no han podido salir de un pacto político, al menos que los agentes sociales participen.
La condición sine qua non es la de retrasar la edad de la jubilación que se hará como ya anunció Zapatero de forma gradual y parece que ambas centrales sindicales estarían dispuestas a pactar cómo llegar trabajando hasta los sesenta y siete años con el menor quebranto para los currantes.
A cambio, aspectos de la reforma laboral realmente difíciles de tragar y que convertían el despido en determinadas circunstancias en casi despido libre , se van a suavizar. Por ejemplo, se podría modificar la definición de despido objetivo en los expedientes de regulación de empleo. Ese despido objetivo convirtió los ERE en un coladero. Echar trabajadores a la calle con veinte días de indemnización era el objetivo soñado por los empresarios en tiempos de crisis y el Gobierno se lo dio en bandeja. Era verdad que la reforma laboral no tenía efectos retroactivos pero bastaba con que un trabajador con un contrato fijo, con una cláusula de indemnización de cuarenta y cinco días por año trabajado, entrara dentro de la categoría de despido objetivo para que perdiera todos sus derechos.
¿Es bueno que se suavice, que se fijen las condiciones para un despido objetivo? Sí. La reforma laboral se hizo según nos contó el entonces ministro de Trabajo Celestino Corbacho porque la legislación anterior solo servía para crear empleo en tiempos de bonanza y había que hacer una ley para la crisis, para estimular el alicaído mercado laboral, para frenar el desempleo. De momento empleo se ha creado poco y el paro sigue creciendo; por lo tanto conviene corregir las excesivas facilidades que la nueva reforma laboral ofrece para poner a la gente de patitas en la calle.
Por primera vez los representantes sindicales asumen que un acuerdo sobre estos temas daría estabilidad económica al país y trasmitiría una imagen de confianza a los mercados. Después de meses denostando a los intangibles mercados los líderes de UGT y CCOO comienzan a calibrar el quebranto que, para las arcas del Estado, ha supuesto el incremento del diferencial de la deuda. Contemplan como el coste de la subida de los intereses, cada vez que se intenta colocar deuda en el mercado, se ha comido el ahorro de la congelación de las pensiones. Si además de los sindicatos se diera cuenta el resto de la oposición mejor le iría a este país.
