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editorial

La ola de frío y el precio de la luz

 

Para explicar por qué el recibo de la electricidad se ha disparado en los últimos días se suele usar la expresión «tormenta perfecta», que vendría a resumir que se han juntado varios factores que la han propiciado. Entre ellos, la demanda extraordinaria de electricidad, coincidiendo con el temporal de nieve Filomena; sumada a la ausencia de viento y sol, que ha provocado la baja aportación de energías renovables al sistema. Atendiendo solo a la lógica del mercado, está claro que, a mayor demanda, mayor precio. Más difícil de entender es que, en plena ola de frío, un servicio básico como es el de la electricidad se haya encarecido más del doble para los casi 11 millones de usuarios que tienen actualmente contratada la tarifa regulada en España. Y por eso la llamada «tormenta perfecta» de la subida de la luz, por más razones técnicas que tenga, ha despertado la comprensible indignación de los consumidores.

Que se trate de un episodio «puntual», como ha asegurado la vicepresidenta Nadia Calviño, tampoco es muy tranquilizador, porque no impide que vuelva a repetirse en el futuro.

El Gobierno, con todo, está preparando una reforma eléctrica que vendría a solucionar algunas de las incongruencias actuales, como el hecho de que en el recibo doméstico de la luz se incluyan los costes de las primas a las renovables. El anteproyecto de ley prevé trasladar estos costes, que actualmente pagan los consumidores, a las empresas que venden electricidad, gas y productos petrolíferos. Eso significaría una rebaja de la factura de la luz (pero también una previsible subida de los carburantes). La factura de la luz es, desde hace años, una suma de conceptos de difícil comprensión para el ciudadano medio. Solo el 35% del precio final del recibo corresponde al precio mayorista de la electricidad; el resto lo conforman peajes (40%) e impuestos (25%). Una factura más clara, que sea más proporcional en cuanto al consumo de los hogares, evitaría cierta sensación de indefensión de los usuarios.

A todo ello, cabe añadir el problema de la pobreza energética que, si a lo largo de todo el año ya es un grave asunto, en épocas de frío intenso como la actual adquiere tintes dramáticos. Es inaceptable que se corte el suministro a personas que no tienen recursos para pagar los recibos. Inaceptable por razones éticas y de justicia social, pero también porque hay una ley que lo impide, especialmente en situaciones climatológicamente extremas. Teniendo a mano esta herramienta legal, es obligación de todos los niveles de la Administración trabajar de forma coordinada con las empresas energéticas y buscar soluciones para los hogares más vulnerables que no impliquen dejarles sin un servicio tan necesario como la electricidad.

Recientemente, han salido a la luz casos de cortes de suministro en barrios o asentamientos enteros. El de la Cañada Real (Madrid), sin luz desde octubre, ha llevado incluso al relator especial de la ONU sobre pobreza extrema a llamar la atención a España. Hay más: el pasado sábado, vecinos de Sant Roc (Badalona) encendieron hogueras en protesta por los continuos apagones generales. Las compañías se defienden alegando que los pinchazos ilegales sobrecargan la red. Nuevamente, habría que discriminar en qué situaciones el enganche de la luz es perseguible y en qué otras responde a una situación de pobreza, ante lo que habría que buscar una salida social en lugar de criminalizarlos. Y en cualquier caso, el resto de vecinos no deberían pagar por ello.