La mayoría de trabajadores de la empresa placentina de impresión, Monprint, están a punto de acabar sus prestaciones por desempleo después de que en abril pasado se disolviera la sociedad y se despidiera a la plantilla, compuesta por 85 trabajadores. Por si fuera poco, todavía no han cobrado los 33 días de salario que les corresponde pagar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Bastan estos pocos datos --sin empleo, sin paro, y sin las prestaciones del Fogasa que les corresponden por ley-- para explicar la postración en que ha quedado un grupo de trabajadores por la mala --o más que mala-- gestión de la propietaria de la imprenta, y por la deficiente defensa de los intereses públicos hecha por los responsables políticos de la Sociedad de Fomento y por los municipales. El presidente del comité de empresa confía aún en que la Junta encuentre una alternativa al cierre. Al menos sabe que se está buscando porque Vara le tiene al corriente de las gestiones.

Pero el Ayuntamiento sigue dando muestras de poca vivacidad para hacer que Coller Capital, el socio mayoritario de Monprint, pague lo que debe. Primero apuró hasta los últimos días de plazo para presentarse al concurso de acreedores, y ahora, hasta la semana pasada no ha hecho nada para empezar a pedir el dinero del valor de los terrenos en que se asienta la nave de Monprint. Y lo ha hecho, además, contratando un bufete de abogados. ¿No tiene Plasencia servicios jurídicos cuyas gestiones no supongan un nuevo gasto? Porque podría darse el caso de que al olvido de Monprint y de su plantilla se le sumara ahora más dinero del contribuyente para nada.