En alguna ocasión he hablado de los derechos que los diputados del Parlamento extremeño tenemos. Uno de ellos, que nos posibilita ejercer nuestra función de control al Gobierno, es el derecho a la información. Un derecho cuyo cumplimiento podemos exigir ante los tribunales.

Este derecho está siendo vulnerado reiteradamente por la Junta de Extremadura. Han sido innumerables las ocasiones en que un diputado del Partido Popular ha solicitado información a la Junta, y ésta o no responde o, si lo hace, se despacha con respuestas totalmente evasivas, sin facilitar la información solicitada.

Especialmente destacable en esta práctica opaca es la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con el señor Vergeles a la cabeza. Cuando no se facilita la información es porque algo se está ocultando. La prueba la tenemos en el reciente caso de las contrataciones de Gisvesa, donde se pretendía ocultar que uno de cada dos trabajadores contratados son cargos o excargos del PSOE.

De enchufismo va el tema, ya que a la solicitud de información sobre el proceso de selección del gerente del Instituto de Consumo, cargo que ocupa la exconsejera socialista Leonor Martínez Pereda, el señor Vergeles también contesta con evasivas. Puesto, el de gerente, para el que casualmente ha sido modificado el nivel orgánico de jefatura de servicio, modificando el artículo 13 de los estatutos del Instituto de Consumo.

No son los únicos casos llamativos. Tenemos el caso de la Fundación Orquesta de Extremadura, de la que se ha solicitado información sobre la contabilidad de los años 2015 y 2016, y sobre el personal contratado los años 2016 y 2017. Parece ser que la contabilidad de ambas anualidades es tan escasa que ocupa apenas un folio.

Pero todo cae por su propio peso, hasta la mentira más oculta y la verdad a la que tapaba. Y eso es lo que le está ocurriendo al Gobierno socialista. Porque tarde o temprano nos vamos a enterar, como ha ocurrido con Gisvesa, de los motivos espurios por los que se nos está ocultando esta información.

Mientras tanto, los diputados del PP seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, controlar que el Gobierno regional cumpla con sus obligaciones, siempre con la ley en la mano.