La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha decretado la nulidad del proceso que se llevaba a cabo contra seis miembros de una presunta red dedicada al tráfico de estupefacientes, en lo que se ha conocido como operación Castillo . El juez no ha tomado en consideración las escuchas telefónicas que, a la postre, permitieron las detenciones porque, según consta en el auto, la obtención de estas pruebas no se ajustaron a derecho. La ilegalidad de los pinchazos ha dado como resultado que todas las diligencias posteriores se declaren nulas y los acusados salgan a la calle sin cargo alguno, incluido el inculpado que fue pillado in fraganti por la Guardia Civil cuando transportaba más de 64 kilos de hachís escondidos en su vehículo. En este caso, como en los anteriores, la intervención se hizo a raíz de una ilícita intervención telefónica por parte de los investigadores, lo que ha llevado a poner en libertad a esta persona. Aunque jurídicamente este auto sea irreprochable, socialmente resulta difícil de asumir. En este asunto, como no puede ser de otra manera, el principio de legalidad se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, pero su coste obliga a pensar que alguien no ha cumplido con sus deberes.
