El Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa es ya una oportunidad perdida para quienes apostamos por construir una unión política y social europea sobre el respeto de la ley internacional y la centralidad de los hombres y mujeres. Elaborado por una Convención de 102 miembros con abrumadora presencia de los conservadores, es un canto a la economía de mercado y a los fundamentos neoliberales: flexibilidad laboral, competitividad, liberalizaciones --es decir, privatizaciones-- déficit cero... Los aspectos sociales del Tratado Constitucional son meras declaraciones y/o recomendaciones, mientras que se regula hasta el mínimo detalle todo lo relativo al funcionamiento del mercado interior y las instituciones burocráticas. El Parlamento Europeo, única institución elegida por los ciudadanos, apenas tiene poder. El Consejo Europeo se convierte en el órgano motor de la Unión Europea... la prueba más palpable es que los propios gobiernos, como hizo el PP en Niza, no tienen inconvenientes en sacrificar un buen número de diputados con la finalidad de obtener más votos en el Consejo. No hay legislación laboral europea, ni armonización social, ni la voluntad --antes bien el impedimento-- de construir un espacio fiscal común. Los criterios elaborados por la Confederación Europea de Sindicatos no fueron tenidos en cuenta, mientras que las directrices de la patronal europea, se incorporaron inmediatamente al texto.
¿Cómo afectará a Extremadura? El Tratado prioriza el mercado libre y favorece la deslocalización de empresas al no establecer ninguna legislación contra la fuga de capitales. La última ampliación a 10 nuevos países se ha hecho sin establecer criterios de armonización previa y nos encontramos ante una realidad donde la diferencia en la renta per cápita entre países es de cinco a uno o donde los salarios medios de algunos son 10 veces superiores a los de otros. ¿Acaso no están ya diciendo las empresas que o nos rebajamos el sueldo o se van a otro país europeo con mejores condiciones, es decir, donde los trabajadores cobren menos? El fantasma de la deslocalización presiona a la baja las retribuciones y constituye el acicate adecuado para el menoscabo de todos los derechos laborales.
La política agraria es la mejor prueba del futuro que nos espera: con un presupuesto congelado en el 1,5% del PIB y 10 nuevos países que quieren participar de las ayudas, la Comisión Europea viene planteando el cambio total en la orientación de la Política Agraria Común: no sólo aconseja la reducción del presupuesto agrario en un 50% a partir de 2007, sino que hay que jubilar a los agricultores mediterráneos para liberar medios y favorecer la agricultura del Este, más competitiva. El problema no es integrar a nuevos países y mejorar las condiciones de los trabajadores de éstos, sino que el Tratado Constitucional constriñe el Presupuesto Comunitario al 1,5% del PIB e impide una política fiscal progresiva que permita obtener recursos para todos los países.
Para quienes desde la ingenuidad plantean que hay que votar sí a esta Constitución que denominan insuficiente para luego modificarla, conviene aclarar que se requiere la unanimidad de los 25 países firmantes para promover cualquier cambio constitucional: estamos ante un Tratado prácticamente inmodificable al servicio del mercado. Frente a los eslóganes, hoy hay que explicar los fundamentos de este proyecto, racionalizar el debate y pedir el no para construir otra Europa posible.
Coordinador general de Izquierda Unida de Extremadura
