TLta Junta ha sacado 239 plazas para oposiciones a maestros. Parecen pocas, pero no lo son; son el máximo de plazas posibles a tenor de los límites impuestos en Madrid para las autonomías: no ofertar más del 30% de las jubilaciones que se produzcan en cada comunidad.

La valiente apuesta, esta vez, honra a la Consejería de Educación. Otra cosa son los daños colaterales y no solo los que afectan a opositores e interinos extremeños. El principio de curso sobre todo, y el movimiento intermitente de docentes entre autonomías, afectarán negativamente a la calidad de la enseñanza y a nuestros alumnos, (que sí son extremeños) pues no se trata solo de atender durante unas horas la permanencia del personal interino en la plaza, sino asegurar una correcta docencia y varios docentes en una misma vacante puede perjudicar a los alumnos.

Respecto al opositor extremeño, está claro: a mayor demanda y menor oferta, menos posibilidades. Posibilidades que aumentan en otras autonomías para los interinos de dicha comunidad que no sacan oposiciones. Así, las vacantes para un año pueden tardar lo que tarde cada autonomía en reclamar a su interino que a su vez abrirá otro proceso de espera y renuncia interminable, desvirtuando el espíritu propio del funcionamiento de las listas. A su vez, esto quintuplica el esfuerzo de los opositores que nunca han trabajado.

La culpa no es de Extremadura, es del resto de comunidades. Nuestro sistema educativo y la actual precariedad laboral con más del 28% de paro entre jóvenes de 20 a 29 años, y 15.000 parados más en la región, no puede permitirse el lujo de congelar ninguna oferta de empleo posible. Sería actuar contra natura y dar la espalda a nuestra pésima situación actual. Repito, en ese sentido, bravo por nuestra consejería.

Pero nuestro sistema de concurso oposición y funcionamiento de las listas de interinos ya no vale, y no vale por la descentralización de un cuerpo al que se le presupone carácter nacional cuando en la práctica no lo es, es autonómico, y tanto en Sanidad como en Educación eso es un grave error.

Si somos funcionarios estatales seámoslo y que el Gobierno, que no solo está para ahorrarse unos euros, obligue a todas las autonomías a convocar oposiciones.

Esta vez, el modelo extremeño, es el modelo a seguir y Madrid debería asumir su responsabilidad y actuar con coherencia, decidiendo y las autonomías asumiendo.