Diputado del PSOE al Congreso por Badajoz

España y los españoles debemos acostumbrarnos a vivir con la carga de nuestros nacionalismos territoriales y saber que la solución a este problema se medirá en décadas e incluso en siglos. Hay que soportarlo con naturalidad, y los nacionalistas tienen que tener el firme convencimiento de que nunca sus aspiraciones se van a satisfacer, porque la independencia de un territorio de España no es una cuestión exclusiva de los habitantes de ese territorio, sino de todos los españoles, y la inmensa mayoría del pueblo español está dispuesto a mantener su unidad, desde la ley, con energía y decisión. Y es la ley la única norma aplicable a las distintas situaciones que se presenten. La aplicación de la ley es obvia en los casos de terrorismo, pero debe ser igualmente obvia en aquellos otros casos en los que no ejerciéndose afortunadamente la violencia física, se violenta el orden legal existente, e incluso se crea una tensión social que favorece los radicalismos más violentos. Hay un terrorismo condenado por todo el mundo, que mata y asesina, pero hay también un terrorismo verbal, que da coartadas al primero. Al fin y al cabo, ETA lucha por la independencia del conglomerado que denomina Euskadi y el PNV, también. Cierto que la diferencia entre matar y no matar es grande, pero no es menos cierto que posiciones como la de Arzallus e Ibarretxe, con su plan independentista, que saben que nunca podrá ser admitido por ningún gobierno, ni por ningunas Cortes Españolas, alienta toda clase de extremismo, entre ellos el de ETA. La lectura es simple. Si democráticamente no podemos acceder a la independencia, tendremos que recurrir a la violencia, luego ETA tiene razón. El gran error de este discurso consiste en colocar los anhelos soberanistas por encima de los instrumentos básicos de convivencia, la ley y entre ellos la ley de leyes, es decir, la Constitución.

Estos órdagos nacionalistas, el de Ibarretxe, no va a ser el único, debemos aceptarlos con suma naturalidad, sin desmelenamientos, mucho menos combatirlos desde la óptica de la política partidaria. La defensa de la integridad territorial es patrimonio tanto del PSOE como del PP. Otra cuestión diferente, aunque muy importante a este respecto, es la diferente sensibilidad a las diversidades territoriales que puedan tenerse. La profundización de estos temas no deberá hacerse ni en momentos electorales, ni buscando la confrontación.

El desarrollo del Estado de las Autonomías, que va más allá que muchos modelos federales, puede y debe perfeccionarse en el marco de la Constitución, desarrollando la misma en algunos aspectos, como la reforma del Senado, pero admite ya la transferencia de escasas competencias, no pudiéndose ceder elementos propios de la soberanía de un Estado. Hacer malabarismos nominalistas para buscar una aparente convergencia, no resuelve nada y empeora las cosas. El voraz apetito competencial que tienen los nacionalistas, sólo se satisface con lo que no se le puede satisfacer: la soberanía.

El esencialismo histórico de los Américo Castro, Sánchez Albornoz, Ortega y Gasset o Unamuno no consiguió aportar nada tangible a la definición de España; el de los Ramiro de Maeztu o Menéndez Pelayo fue mucho peor y acabó derivando en la impotencia de las impotencias, que definía a España como Unidad de Destino en lo Universal. La izquierda progresista, tanto socialistas como comunistas, incorporaron la E de España a sus siglas, y ahí sigue afortunadamente optando por un modelo federalista más o menos matizable. Los problemas de ayer después de la Constitución son problemas de hoy, que se resuelven con los instrumentos de hoy. Los soberanismos territoriales están entre ellos.