Ha vuelto a ocurrir. Cada vez que se producen actos vandálicos en una zona determinada de cualquier ciudad, los comerciantes piden que se instalen cámaras de vigilancia como medida disuasoria. En Extremadura, cuantas peticiones se han presentado en este sentido tanto de particulares como de ayuntamientos preocupados por el deterioro en el patrimonio, han sido rechazadas por los jueces por entender que atentan al derecho a la propia imagen de los ciudadanos, a los que se les graba sin su conocimiento.

Los argumentos de los jueces son difíciles de entender no porque sean ilógicos o descabellados, sino porque se producen en unas circunstancias en que las cámaras en las calles son cada vez más frecuentes. Para un comerciante es muy difícil de hacerle entender que un banco puede vigilar el cajero que tiene instalado en su fachada y él, sin embargo, no puede colocar ninguna cámara que registre lo que ocurre junto a su escaparate, cuando tanto el banco como él quieren proteger sus instalaciones. De esta incongruencia se deduce que es necesario que haya claridad en las leyes y equidad en su aplicación, porque de lo contrario hay gente que se siente discriminada. En este caso los comerciantes.