El presidente de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, ha atizado el fuego de la polémica al decir que los ayuntamientos de Mérida y Cáceres, gobernados por el PP, habían alentado la especulación urbanística. El primero no cediendo el 25% del suelo para viviendas protegidas en nueve planes urbanísticos, de cuyas resultas se han dejado de hacer 500 casas. Y el Ayuntamiento de Cáceres, según Corominas, ha desplazado la línea de la calificación del suelo no en función del interés general sino particular. Las reacciones no se han hecho esperar: el consistorio emeritense acusa a la Agencia de la Vivienda de prevaricar, y el cacereño afirma que las únicas rayas del planeamiento que se han movido han sido "las que ha intentado diseñar Corominas". Es difícil sustraerse a la sensación de que la denuncia del presidente de Vivienda, como ha ocurrido en el PP con las ya celebérrimas fotos de Montoya, está movida por la proximidad de las elecciones. No es posible pensar de otro modo si se repara en que la mayoría de los planes urbanísticos en Mérida que habrían incumplido la ley de reservar suelo para hacer viviendas protegidas llevan fecha del 2003 y del 2005, por lo que cabe preguntarse si hasta ahora el departamento que preside Javier Corominas no había reparado en la ilegalidad. Con lo que está cayendo en España en torno al urbanismo, denunciar al oponente por especulador es una munición de gran onda expansiva. Que se debería saber administrar para que los ciudadanos creyeran que las acusaciones están fundadas y no son un rifirrafe más de la lucha por los votos. Mayor servicio a los contribuyentes sería ir al juez ante una sospecha de ilegalidad que ir a los medios a que todo quede en una polvareda.
