WEw l pasado lunes, el ministro de Educación, Angel Gabilondo, concretó la filosofía que ha animado el pacto por la educación propuesto por el Gobierno. Afirmó que no hacía falta que nadie renunciara a sus convicciones y aseguró que la firma del documento era "compatible con las diferencias". Es decir, enmarcaba el pacto, sus 12 objetivos, en un esfuerzo colectivo para dotar de estabilidad al sistema, con la intención final de que la educación estuviera por encima de los vaivenes políticos y se asentara como un sólido activo de futuro, social y económico, más allá de querencias ideológicas o de intereses partidistas. Un pacto de Estado en toda regla que buscaba el máximo consenso y que ahora, tal como se preveía, se ha visto torpedeado por la negativa del Partido Popular, que ha renunciado a la propuesta porque ha considerado que "perpetuar el actual modelo educativo, fracasado, sería un fraude a la población". No parece razonable, sin embargo, renunciar a objetivos como los de diversificar la ESO para combatir el fracaso escolar, universalizar el inglés o modernizar la universidad; todos planteados por el Ejecutivo de Zapatero.

Las razones esgrimidas están en las antípodas del planteamiento gubernamental, puesto que se basan en conceptos muy ligados a una imagen uniformizadora de la educación (la garantía de la enseñanza del castellano como lengua vehicular, un currículo escolar vertebrador de España o un menoscabo general de las competencias autonómicas) que poco tiene que ver con la heterogénea realidad española. Mientras el Gobierno central apuesta por un contenido que asegure "objetivos estables y sostenibles", con una conciencia política que va más allá de las coyunturas, el PP acentúa un perfil cargado de inmediatez. Su decisión plantea un futuro difícil de gestionar, que nos aleja en toda regla de un pacto de Estado.

No se trata, con el pacto ahora diluido, de reformar el modelo sino de establecer mecanismos adecuados para que cualquier hipotético cambio del mismo cuente, en el futuro, con una conformidad general que no provoque zarandeos innecesarios y peligrosos en un universo tan sensible como el educativo. Con el notable respaldo de los rectores de las universidades españolas, con el previsible apoyo de las comunidades autónomas afines, y aún pendiente de las reacciones oficiales de sindicatos y asociaciones de padres, el pacto tiene suficiente recorrido en el intento de elevar la eficacia del sistema educativo. Faltará, eso sí, y es una mala noticia, esa corresponsabilidad histórica que el ministro Gabilondo reclamaba en su intervención del lunes.