Hace más de cuatro años, concretamente el 28/12/2015, escribí aquí: «Si yo fuera Pedro Sánchez, convocaría una rueda de prensa para ofrecer unos pactos de Estado semejantes a los de 1977, a los que estuvieran invitados todos los partidos con representación parlamentaria, sin ninguna exclusión». Tras las elecciones generales del 20-D ya estaba claro que España no podría gestionarse en un futuro cercano sin un amplio acuerdo nacional. Así está siendo. Llevamos cuatro años de retraso.
La cuádruple crisis provocada por el covid-19 (sanitaria, económica, social y política) lo único que hace es convertir en urgente lo que venía siendo imprescindible desde 2015. La opción no es si hacerlo o no hacerlo, sino cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo?
Lo primero es huir de la denominación «Pactos de la Moncloa». El proceso debería ser semejante, pero el símil —que no metáfora, como dicen algunos— es desafortunado por varias razones. Una es que en aquellos pactos era crucial consolidar un sistema democrático que ahora tiene más de cuarenta años. Otra es que el elemento económico fundamental entonces —una hiperinflación que llegó al 28,43% en agosto de 1977— no tiene nada que ver con la crisis actual (0,73% en febrero). Además, los Pactos de la Moncloa fueron entre élites y eso ahora no funcionaría.
Lo segundo es garantizar que el nuevo Pacto de Estado tiene, como mínimo, el mismo apoyo que el de 1977. En aquel momento fue rubricado por fuerzas políticas que sumaban el 82,92% de la voluntad popular en sufragio universal (y eso sin contar a Alianza Popular, que se desmarcó de la parte política del acuerdo; sumando este partido, que sí firmó la parte económica, sería el 91,13%). En cuanto a representación parlamentaria, supuso el 94,29% sin A.P., y el 98,86% con A.P. No hace falta abundar en las muchas razones por las que es necesario no bajar de esos porcentajes, pero concretemos la principal: sería dramático explicarle a la ciudadanía que en 2020 España tiene menos consenso político que veintitrés meses después de terminar la dictadura.
Lo tercero es ser conscientes de que el Pacto tendrá consecuencias importantes y duraderas para el país. Por tanto, es tan relevante no cometer errores graves como hallar grandes innovaciones. Es crucial no olvidar que antes de la crisis del covid-19 España tenía un terrible problema territorial que no ha desaparecido, solo está hibernando. El desafío independentista en Cataluña y la ambición del PNV por hacer de Euskadi una región independiente de facto siguen ahí. Además, la crisis sanitaria ha evidenciado que uno de los principales problemas de España es la desigualdad y desarticulación del sistema autonómico. ¿Qué sentido tiene, en este contexto, decir que se contará para el Pacto con las CC.AA.? En una mesa de partidos ya están representadas las organizaciones políticas que dirigen las distintas regiones. ¿Alguien cree que está en el ánimo de Torra reconstruir el débil Estado español que dejará el coronavirus?
Esa inercia hacia la inclusión de los dirigentes autonómicos muestra, además, la insistencia en el error de los pactos entre élites. En 1977 «había excusa» por la débil articulación política de un país recién salido de la dictadura, y por el entusiasmo social ante los entonces ilusionantes partidos políticos. En 2020, un Pacto de Estado es obligado llevarlo a cabo con una voluntad popular reforzada. Por tanto, en cuarto lugar, debe haber un debate amplio y franco en el interior de partidos y movimientos sociales, y se debe contar con la ciudadanía. Sería muy difícil entender que se utilizase la tecnología para rastrear nuestros móviles contra el covid-19 y no se hiciese para democratizar decisiones vitales para nuestro futuro. Un Pacto meramente institucional nacería muerto.
Finalmente, en quinto lugar, quizá lo más difícil, aunque debería ser lo más sencillo: el sacrificio político. La política como servicio público. El país por delante de los intereses de partido y los personales. Adolfo Suárez firmó los Pactos de la Moncloa como Presidente del Gobierno el 25/10/1977. Tres años después, el 29/01/1981, dimitió. Su carrera política en democracia duró poco más de cinco años. En la actualidad es considerado uno de los artífices de la Transición y es casi un mito para varias generaciones.
*Licenciado en Ciencias de la Información.
