Ahora que se vuelve a hablar de consenso y de pactos, es preciso recordar la necesidad de un acuerdo estatal que permita dotar de estabilidad y de coherencia al sistema educativo español. El hecho de que las últimas medidas propuestas por el Ministerio de Educación para la resolución de este curso excepcional no hayan obtenido una aprobación completa por parte de las autonomías y de todos los sectores implicados delata una vez más un grave problema de coordinación y de unidad que no acaba de verse superado. Durante mi vida docente hube de transitar por siete leyes de educación diferentes, con todos los contratiempos que ello conlleva, pero además la aplicación de las mismas se realiza de forma diversa en cada territorio, e incluso la prueba de acceso a la universidad no responde a programas y criterios homogéneos en todas las comunidades, donde hasta varían parte de las asignaturas que deben ser evaluadas (por ejemplo, la historia de la filosofía es obligatoria en unas y optativa en otras). Esta variabilidad en tiempo y espacio no debe perdurar si realmente aspiramos a elevar de un modo justo y equitativo el nivel de la educación en España. La mejor forma de lograrlo es acordar un gran Pacto de Estado que garantice la continuidad y la cohesión de nuestro sistema educativo, del que depende el desarrollo cultural y científico, y, por tanto, el progreso social y económico, de nuestro país. Ojalá que la voluntad de consenso llegue también hasta ahí.
