WNw o tiene demasiado sentido tratar de profundizar en quién tiene más responsabilidad en el fracaso de las conversaciones entre la patronal y los sindicatos para acordar una nueva reforma laboral. El Gobierno deberá acometer esos cambios, como ya ocurrió el año pasado, y asumir en solitario el desgaste que suponga. En el 2010 le costó una convocatoria de huelga general. Pocas horas después de que el jueves trascendiera la noticia de la ruptura de las negociaciones ya empezaron las manifestaciones desde los distintos grupos de presión para que las medidas que apruebe el Consejo de Ministros del próximo viernes vayan en un sentido u otro. Tampoco en esta ocasión ha querido el gobernador del Banco de España perder la oportunidad de recordar la urgencia con que se debe cambiar la ley para hacer lo que se espera de nosotros.
La crisis ha levantado vientos propicios a la liberalización del mercado laboral para dar más agilidad a la economía. Es una de las exigencias que la UE ha puesto a Portugal para concederle las ayudas, de modo que quien gane las elecciones de hoy ya tendrá hecha esa parte de su trabajo. Desde el punto de vista de cierta patronal española, la lógica de que no vale la pena esforzarse por algo que vendrá hecho, es perversa. Si el acuerdo se hubiera alcanzado antes del 22-M, podría haber supuesto un balón de oxígeno para el partido que gobierna, y si se lograba después, le evitaba una nueva erosión ante su electorado. Por eso ahora el Gobierno se encuentra ante el difícil objetivo de, como ha dicho Rubalcaba, dar más flexibilidad interna a las empresas sin que los trabajadores pierdan derechos.
