WLw os constructores de Cáceres han criticado con crudeza la política urbanística municipal. Sentirse "avergonzados" o "insultados" por cómo se está gestionando --o por cómo no se está gestionando-- el Plan General Municipal son expresiones inusuales --aunque legítimas, faltaría más-- que, por serlo, llaman más la atención. En este sentido, la reacción de los constructores cacereños expresada por su presidenta ha logrado sus objetivos: llamar la atención.
La inquietud del sector de la construcción es comprensible: está viviendo la crisis en primera línea, pero de igual modo cabe recordarle que una de las causas de la situación comprometida que viven decenas de miles de familias es la burbuja inmobiliaria, caracterizada por unos precios desbocados que produjo pingües beneficios en el sector de la construcción. Si nadie vive con mayor preocupación que él la situación actual, nadie aprovechó mejor el tiempo de bonanza. Por otro lado, sus críticas al retraso en la aprobación del Plan General son en algún caso ajustadas como pueden ser las de cualquier ciudadano, porque el Plan General afecta al devenir de una ciudad y, por consiguiente, a todos, pero otras solo pueden entenderse desde el corporativismo. Decir que los cambios del Plan han perjudicado a los que compraron suelo que aparecía como urbanizable en el proyecto y que ahora puede quedar fuera del plan no es de recibo. El riesgo empresarial es consustancial a la competencia. Y, por último, en las críticas a la recalificación de los terrenos al Cimov los constructores olvidan que esa operación reporta un beneficio al conjunto de la ciudad.
