Las escenas vividas ayer en los juzgados de Marbella con motivo de la presencia de Isabel Pantoja para recibir la notificación formal de que será juzgada por presunto blanqueo de capitales constituyen un esperpento que debería avergonzar a todo ciudadano cabal. La hostilidad de grupos de ciudadanos y, sobre todo, la presión desbocada de la prensa rosa dejaron a la cantante con el vestido roto y una comprensible sensación de haber sido objeto de algo parecido a un linchamiento. Es decir, lo más alejado de la justicia en un Estado de derecho. No le faltó razón al presidente de la Audiencia Nacional cuando, horas después, advirtió del peligro de que los juicios paralelos acaben mediatizando a los jueces aunque intenten sustraerse de la presión ambiental.
Isabel Pantoja deberá responder de una acusación grave como es haber dado salida legal a 1,8 millones de euros de dinero negro de quien entonces era su pareja y alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Algunos sectores de la España cañí y reaccionaria ven este juicio como una maquiavélica operación ejemplarizante de los poderes públicos con un famoso como cabeza de turco, en una maniobar similar --añaden-- a lo vivido hace dos décadas por Lola Flores y sus problemas con Hacienda. Es una tesis que no resiste el más mínimo análisis, porque todo indica que en el caso de Pantoja --derivado, no se olvide, del brutal saqueo de fondos públicos en la operación Malaya-- hay base punible suficiente. Pero eso deben determinarlo los jueces sin injerencias ni espectáculos tan lamentables como el de ayer en Marbella.
