Medidas, medidas y más medidas. La última oleada de medidas del Gobierno de Extremadura demuestra que la región tiene en este momento multitud de frentes abiertos que combatir. Los desahucios, la emancipación de los jóvenes, su primer trabajo, su formación, la supervivencia de la agricultura y la ganadería y por si fuera poco, el restablecimiento de la normalidad tras las inundaciones. Nuevas armas que el ejecutivo autonómico ha anunciado para evitar la degradación de las capas medias y bajas de la sociedad extremeña. Una actuación inclusiva que demuestra una vez más que la Administración es quien debe liderar el fortalecimiento de nuestra economía y la protección social de los más desfavorecidos.

Desde que la Junta comenzara a prever el cumplimiento riguroso del déficit en 2012, allá por septiembre, el mensaje de confianza en la recuperación ha ido ganando enteros. De hecho el lema del último consejo de gobierno extraordinario ahondaba en ese sentido: 'Preparados para crecer'. A medida que han avanzado los meses y el mega-cumplimiento de este objetivo se ha convertido en realidad, la brújula del equipo de Monago ha ido virando progresivamente su interés hacia asuntos más humanos.

Aunque el control de las cuentas debe seguir siendo la tarea sobre la que giren la mayoría de las políticas, en los últimos meses hemos comprobado un acercamiento continuo de la política regional a los temas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos: la bajada de impuestos, la formación de los jóvenes y su reincorporación al mercado laboral, convocatoria de oposiciones (aunque haya sido tímida), ayudas al alquiler y la vivienda, los desahucios o el pago a proveedores y ayuntamientos hasta llegar a la Renta Básica. Todo ello expuesto a las variables del tiempo y forma con que se han adoptado y que motivan que nunca llueva a gusto de todos.

XDE ESTE MODO,x se constata una vez más que el neoliberalismo agresivo que los mercados financieros quieren imponer no tiene cabida al menos, en Extremadura. Aumentar impuestos, reducir servicios en sanidad y educación o abandonar al ciudadano en materia social y laboral no es el camino más adecuado para conformar un modelo de desarrollo sostenible e igualitario. Aunque aún queda mucho por hacer (no hay peor lastre que 150.000 desempleados), las medidas puestas en marcha para paliar las carencias más acuciantes deben servir a priori para conformar el caparazón que proteja los derechos más básicos y restaure de nuevo las obligaciones de Papá Administración. Un concepto que desde los ámbitos más conservadores quieren enterrar en el olvido, pero que la ciudadanía reclama con los datos en la mano.

Así, el presidente regional está llevando a cabo un giro en su modus operandi. Bien podríamos denominarlo un giro ideológico (de derecha a izquierda) o bien podríamos describirlo como un reparto social de los recursos existentes y que una vez casi curado el cáncer del déficit, podemos invertir los fondos presupuestarios en cuestiones más mundanas en vez de conservarlos para equilibrar balanzas. También entraría en las cabalas la aritmética parlamentaria de las concesiones a Izquierda Unida.

Dada la trayectoria recorrida hasta mitad de legislatura, la segunda mitad del mandato popular se torna en Extremadura como una práctica política cercana a los ciudadanos y cada vez más alejada de los mercados financieros. La gran apuesta popular será, si se atreven con ella, ofrecer empleo público para disminuir las listas del paro. O eso, o atender parados y desahuciados. Será cuestión de costes.