La tensión militante con que el PP rodea al plan Ibarretxe pone en situación muy difícil al Tribunal Constitucional. Es una dificultad independiente de la consideración jurídica que puedan merecer tanto ese proyecto como la vía elegida por el lendakari para intentar materializarlo. El incidente de la Federación Española de Municipios refleja hasta qué punto unas posturas políticas que pueden considerarse partidistas se cruzan con el tema y lo contaminan. Eso genera una presión suplementaria sobre el Constitucional, cuando este tribunal, en esta cuestión de Estado, necesita más que nunca tener las manos bien libres para expresar con credibilidad los matices que sus miembros crean oportuno plantear.
En España, cuando los problemas políticos llegan hasta los tribunales la clase política sólo suele aceptar los fallos si le dan la razón. En este contexto encaramos la cuestión más compleja de nuestra historia democrática: una propuesta de fondo legítimo hecha por procedimientos dudosos y en un momento de chantaje terrorista. Si encima los partidos la aderezan con un entorno de presión suplementaria, es una verdadera trastada para el tribunal que debe arbitrarla, aunque sea el mismísimo Tribunal Constitucional.
