WEwl proceso de regularización de inmigrantes acaba muy lejos de los augurios catastrofistas. El Gobierno ha logrado, de entrada, que miles de españoles, empresarios o empleadores de servicio doméstico, saquen a la luz una parte importante de la economía sumergida. Han convertido en legales los empleos que han creado, es decir, cotizarán y pagarán impuestos, y participarán de los derechos de los trabajadores. La mayoría de los empresarios han respondido. Es de justicia reconocerlo. En el caso de Extremadura la cifra de regularizados es de unos 3.000 (700.000 en España).
A partir de hoy empieza la tarea más difícil. Gestionar con eficacia para evitar que en pocos años sea necesario abrir un nuevo proceso. La implicación de los empresarios en la regularización de sus trabajadores inmigrantes debe convertirse en normal, y los inspectores de Trabajo han de perseguir con todo el rigor a los que han rehusado la oportunidad que se les brindaba. A su vez, la Administración no debe desatender a los inmigrantes que por razones ajenas a su voluntad han quedado fuera de este proceso. El nuevo reglamento de extranjería ofrece suficientes cauces para ello, con las figuras del arraigo laboral, social y la regularización por colaboración con las autoridades.
