TTtodos los días nos despachamos en este país con situaciones lastimosas en relación al empleo. Son diarios los cierres de empresas, las suspensiones de actividades mercantiles, y los concursos. Algunos inducidos por la situación económica, y otros, al albur de la total falta de control sobre determinados sectores. Se quiebra una entidad bancaria, trabajadores a la calle, y directivos altamente indemnizados; el Banco de España a verlas venir. Ni se ha enterado. Y mientras el gobierno no sabe no contesta, o se encoje de hombros.

Que se quiebra una gran compañía de las cotizadas, la Comisión Nacional de Mercado de Valores ni sabe, ni contesta. Y el gobierno en fuera de juego. Instituciones y administraciones públicas entran en barrena, por el despilfarro y hasta en hechos de malversación de fondo públicos, y el Tribunal de Cuentas, si se entera, lo hace siete años después. Y mientras se le mira al gobierno y no contesta.

La institución del Defensor del Pueblo pone en evidencia actuaciones irregulares de las administraciones públicas, se remite al Congreso de los Diputados, y el gobierno estima que está bien como informe, pero no se siente interpelado, en la mayoría de las ocasiones. Esto es, tenemos, al parecer, instituciones que están para supervisar, pero, al mismo tiempo, que no lo hacen, sus responsables no asumen, ni se les exige responsabilidad alguna. Y todo ello, mientras un gobierno que tiene que gobernar, parece que asiste casi testigo a todos estos hechos.

En este sistema democrático de separación de poderes, de diversificación de competencias, de libre mercado, parece haber provocado en cualquier gobierno una especie de argumento, a mí no me compete. El ciudadano entiende y puede comprender que esto del poder en España lo ejercen muchos. Pero cuando votamos lo hacemos para decidir sobre un gobierno que ha de gobernar, y ha de hacerlo con total responsabilidad. Esto es, aquí no cabe ya decir que estamos en una sociedad de libre mercado, que la justicia es del Poder Judicial, que las administraciones son muchas y diferenciadas. Y ahora algunos nos preguntamos, para qué sirve el Boletín Oficial del Estado. Ese instrumento clave en un Estado de Derecho, en el que el gobierno pone sobre el papel unas reglas de juego, que nos vincularán a todos.

XCUANDOx votamos en las elecciones lo que estamos haciendo es poner nuestra voluntad en manos de unas personas, que conforma la denominada clase política, para que reconvierta esa confianza dada en acciones y decisiones de interés general y en beneficio de todos. Resulta ya cansino escuchar y observar a algunos dirigentes en una posición casi de inacción por escasa o nula capacidad de enfrentar los problemas que nos acucian. Y no, aquí no cabe ese argumento, cabe el argumento del que la hace la paga, del que incumple su responsabilidad la asuma y se vaya a la calle. Que lo público no es un asunto del reparto de unos pocos, en detrimento de muchos. Que esta especie de impunidad en la que parecen estar prácticas reprobables y quiénes la practican constituye el elemento de enfado y de desafección de la política de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país.

Cuando los ciudadanos ponemos en manos de la clase política el presente y el futuro de nuestra sociedad no lo hacemos para que se encojan de hombros, sino para que tome decisiones, las explique, sean transparentes y sobre todo, sean honestos. Y no inclinen la balanza sobre los que más tienen. Hay que utilizar el Boletín Oficial del Estado para romper privilegios, para repartir poder, y, sobre todo, para que en estas circunstancias sean unos los que siempre ganan en perjuicio de la gran mayoría. Y hace falta algo más, que se asuman responsabilidades, siguen, en este país, escapándose muchos de que no acaban asumiendo responsabilidades convertidas en culpabilidades.