Este año se cumplen 10 años de la muerte de mi madre, Eusebia López Utrero , y quiero pensar que la sentencia de la Audiencia Nacional que indica que la muerte se debió a un mal funcionamiento del servicio público de salud haya servido para algo, y el error que se cometió con ella desde atención primaria, atención especializada y atención hospitalaria, (tanto en el hospital Comarcal Don Benito-Villanueva, como en el hospital Psiquiátrico de Mérida), cuando las competencias sanitarias pertenecían al INSALUD, no se vuelva a repetir ahora que las tiene el SES.
En estos momentos se están negociando las transferencias de los hospitales psiquiátricos al Servicio Extremeño de Salud y también se contempla la apertura de las Unidades de Psiquiatría en los hospitales generales de la región, se está trabajando en el II Plan de Salud Mental para Extremadura y es un buen momento para poner las bases por las que se rijan las actuaciones de los profesionales en Salud Mental a la hora de tratar los ingresos psiquiátricos. La discriminación sanitaria que sufren las personas con enfermedad mental ha causado en muchos casos, y quiero pensar que estamos en el camino de erradicar ese error, situaciones de indefensión y de vulneración de los derechos de esos pacientes a tener un tratamiento justo, y muchas dolencias somáticas han sido mal atendidas o desatendidas por valorarlos exclusivamente desde el punto de vista psiquiátrico .
Los ingresos voluntarios cuando el paciente necesita contención mecánica deberían pasar automáticamente a considerarse ingresos involuntarios, y es necesario que esa sujeción se lleve a cabo mediante un protocolo que sea vinculante para el facultativo que la autoriza, y se supervisen por el Servicio Extremeño de Salud (a veces los protocolos se quedan en meros papeles archivados y no se utilizan).
La sentencia de la Audiencia Nacional debería haber servido para que la Administración Sanitaria abriera una investigación y averiguara y depurara el nivel de responsabilidad de los trabajadores sanitarios y facultativos que intervinieron en el caso de mi madre, independientemente de que se hiciera cargo patrimonialmente de su responsabilidad, de lo contrario la sentencia de poco habrá servido porque esas personas van a seguir trabajando en el servicio público de salud con la misma falta de profesionalidad, esmero y dedicación que demostraron.
El tiempo pasa y la vida sigue pero las cosas ya no son como eran hace 10 años para las personas con enfermedad mental, ella ya no se beneficiará de lo que en salud mental se está consiguiendo en Extremadura, pero la presión que se ha ejercido sobre la Administración y el empuje que se ha dado a la salud mental ha sido promovido por el movimiento asociativo que se consolidó después de su fallecimiento y todo lo que yo haya podido conseguir y pueda seguir consiguiendo en este movimiento lo haré en su memoria.
Carmen Prieto López **
Miembro de FEAFES-Extremadura
