Los paraísos fiscales forman parte del mismo problema que dio lugar a la crisis actual, que empezó siendo financiera, después afectó a la economía real y posteriormente a los estados. Aunque existen desde hace muchísimos años, la desregulación financiera iniciada en la década de los 90 les permitió crecer de forma exponencial hasta convertirse en el cáncer que hoy representan.

Hace mucho tiempo que ya no son solo el lugar donde las fortunas aparcan su dinero huyendo de la fiscalidad de sus países de origen, sino que se han transformado en la sede ficticia de miles y miles de empresas que simulan operar desde allí para eludir el pago de impuestos. Y lo más importante: esas empresas se dirigen desde los mismos países de cuya Hacienda huyen. En los últimos meses han saltado a la palestra algunos casos de grandes multinacionales que operan en territorios como el nuestro utilizando un entramado empresarial que finalmente radica en un paraíso fiscal. Y eso se hace, por supuesto, aprovechando los huecos de la ley; o sea, que en teoría es legal.

La constatación de la responsabilidad de la desregulación bancaria en el origen de la crisis y el papel de los paraísos fiscales, que drenan recursos públicos y que vehiculan los movimientos del gran capital, hizo que el mundo representado en el G-20 lanzase una ofensiva contra estos territorios en abril del 2009.

Han pasado cuatro años sin muchos resultados: lo más palpable es que si esos países quieren salir de la lista negra deben colaborar con los estados que les reclamen 'vía judicial' información sobre sus ciudadanos. Pero lo cierto es que los circuitos de elusión fiscal a través de estos mecanismos funcionan incluso con más fuerza porque los países donde radican de verdad esas empresas no han cambiado las leyes.

El mismo G-20 y las otras instituciones internacionales hicieron algunos gestos entonces, pero nada más. En la crisis chipriota se ha visto que las medidas adoptadas para el rescate del país se han encaminado a apoyar su sistema financiero, pero no a acabar de verdad con su estatus de paraíso fiscal.

Las informaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el Caribe vuelven a poner encima de la mesa un asunto de importancia vital ante el que los estados muestran una impotencia rayana en la complicidad.