El Gobierno va a reformar, en el Consejo de Ministros del próximo viernes, parte de la legislación laboral para facilitar que los empresarios contraten de manera prioritaria a quienes están en las listas oficiales de parados y que están cobrando subsidio. La idea del nuevo modelo de contrato, llamado cheque-empleo, propone que el empresario que contrate a un parado inscrito en el Servicio Público de Empleo de cada comunidad se ahorre las cotizaciones a la Seguridad Social en una cantidad equivalente al subsidio público del contratado. Esta iniciativa, que fue dada a conocer ayer por el ministro de Trabajo, es una novedad en el catálogo de los modelos de contratación en España, que ha sido apoyada solo tímidamente por sindicatos y patronales; los primeros porque creen que las ayudas al empresario no se traducen directamente en la contratación; las segundas porque aspiran a otro tipo de novedades laborales, más en consonancia con el despido más barato.

Pero hay que analizar el contexto en que llega esta medida: si las mesas de diálogo entre representantes de los trabajadores y empresarios apenas han dado frutos los últimos meses, que el Gobierno empiece a tomar decisiones, aunque sean más paliativas que de largo alcance, está justificado. Sobre todo cuando ayer se difundió, no por esperada menos dramática, la nueva cifra de demandantes de empleo en España: el 28 de febrero, los inscritos en las listas del SPE eran casi 3,5 millones de nacionales y residentes, 154.000 más que el mes anterior (107.000 en Extremadura, 3.500 más que en enero). Esos datos confirman que otro augurio, que toda la destrucción de empleo se iba a concentrar en el sector de la construcción, era erróneo, porque el grueso de la pérdida de empleo el mes pasado se ha producido en los servicios y la industria, lo que confirma que estamos en una recesión aguda.

Con la amenaza de llegar a los cuatro millones de parados en los próximos meses, lo peor sería seguir discutiendo si hay que abaratar o no los costes del despido. Se ve que es innecesario con los datos del 2008: el 80% de quienes perdieron su empleo eran contratados temporales, cuya indemnización suele quedarse en los 20 días por año trabajado. Esa es la norma que la patronal quiere extender a los contratos indefinidos, cuya compensación por rescindirlos, llega, y no siempre, a los 45 días por año trabajado en empresas que se pueden permitir esa inversión de futuro.

Mal vamos si la reforma de la contratación laboral hay que hacerla por decreto. Pero será peor si sindicatos y patronales mantienen sus posiciones tácticas tradicionales, porque la dramática cifra ascendente de ciudadanos sin trabajo y sin cobertura del seguro de desempleo exige un esfuerzo negociador del que no hay indicios por ninguna de las partes.