La convocatoria por el PP de una manifestación en Madrid el próximo sábado para protestar contra la concesión del segundo grado penitenciario al etarra José Ignacio de Juana Chaos, más que traducir el rechazo social que ha suscitado la medida subraya la decisión de la derecha de sacar el máximo partido a la situación para recuperar el poder, sea cual sea el precio. La del sábado será la octava ocasión en la que los conservadores ocuparán la calle desde que perdieron las elecciones del 2004, una estadística insólita en una democracia europea, pero perfectamente comprensible porque los mecanismos de la propaganda se han adueñado del espacio político.

Conviene, pues, hacer algunas precisiones. La primera es que De Juana, convicto de 25 asesinatos, ha cumplido la pena correspondiente a estos crímenes, y la que ahora le afecta es por dos delitos de amenazas no terroristas, castigadas por el Tribunal Supremo con tres años de privación de libertad. Sin duda alguna 18 años de cárcel por la muerte de 25 inocentes es un castigo extraordinariamente leve, pero de acuerdo con el Código Penal en vigor cuando fue juzgado el etarra --el de 1973-- y las deducciones de condena a que tuvo derecho, esos fueron los años de encierro que debió cumplir. La única duda es si la Administración penitenciaria ejecutó la condena con rigor o de forma rutinaria --se le olvidó pedir la pena de alejamiento de las víctimas para cuando saliera libre-- y si a los gobiernos del PP, comprometidos legítimamente en treguas y negociaciones para lograr la paz, se les fue la mano en el trato generoso que dispensaron a De Juana.

Si en el cumplimiento de la primera condena todo se atuvo al cumplimiento estricto de la ley, lo mismo cabe afirmar de la actual. Por si quedaban dudas, el juez de vigilancia penitenciaria que ha dictado la prisión atenuada a causa del precario estado de salud del condenado ha establecido tres aspectos básicos: que no se trata de un beneficio penitenciario, que se ajusta a la legalidad y que ambas circunstancias son independientes de la persona a la que se aplica. Y dice más: que la prisión atenuada se ajusta a derecho con independencia, incluso, de la participación activa o no del condenado "en la situación objetiva --huelga de hambre-- que provoca la aplicación de los citados principios". Así las cosas, hablar de victoria de los terroristas, de claudicación del Estado y de peor día de la democracia no pasa de ser una perversión de la realidad.

Como era previsible, el ´caso De Juana´ ha impregnado también la política regional. El PSOE y el PP discutieron ayer por este asunto. La oposición pidió al presidente de la Junta que explique en la Asamblea su cambio de opinión respecto del preso etarra. El PSOE ya ha dicho que Rodríguez Ibarra responderá en cuanto el PP se lo pida. Es lógico que así sea, porque los extremeños deben oír las razones por las cuales su presidente cambió de parecer.