TCtuando la ley electoral estableció un sistema basado en la regla D'Hont para asignar escaños, se pretendía dotar a nuestro país de gobiernos estables. Este método favorece a los partidos más votados e impulsa el bipartidismo. Sus defensores argumentan que el procedimiento confiere a todos los contendientes las mismas ventajas. Solamente se exige ser el más votado. Y este presupuesto lo decide el ciudadano.

Nuestro régimen electoral lleva vigente casi cuarenta años y, a pesar de sus muchos defectos, no todas son connotaciones negativas: ha favorecido la estabilidad política y ha permitido la alternancia de gobiernos de distinto signo. Diríase más: cuando excepcionalmente han existido gobiernos minoritarios se han producido ciertos desajustes democráticos, como las concesiones, a veces injustificadas, que se han hecho a ciertas comunidades históricas a cambio del apoyo de partidos nacionalistas.

Sin embargo, los partidos minoritarios, a los que claramente perjudica este modelo, rearguyen que este sistema quiebra el principio de proporcionalidad del voto y consolida mayorías absolutas que eluden el consenso legislativo. Sostienen que el arte de gobernar es el arte de pactar. Piden una reforma en la que todos los votos tengan el mismo valor. Lo cual, por otra parte, solo sería posible si se contara con una única circunscripción en todo el Estado.

El sistema electoral español es más complejo de lo que se piensa, ya que introduce, además de la citada regla D'Hont, otros factores que corrigen la proporcionalidad del voto: la circunscripción provincial y la asignación de un número mínimo de escaños a cada provincia. Con estos elementos se pretende primar el poder de representación de las provincias menos pobladas, entre las que se encuentran las extremeñas. Se revela así que el problema electoral no es solo una cuestión de optar entre bipartidismo o pluripartidismo. También implica la posibilidad de conferir mayor poder de representación a algunos territorios. De donde se deduce claramente que los intereses electorales de Extremadura no pueden ser plenamente coincidentes con los de, por ejemplo, Cataluña o Madrid. Pero, claro, algunos partidos prefieren silenciar este dilema.