El pulso que los controladores aéreos españoles han planteado al Estado, y que desde hace días tiene serias consecuencias para el tráfico aéreo y para miles de ciudadanos que ven cómo sus vacaciones se llenan de incertidumbre por el conflicto, tiene visos de enquistarse, más cuando los controladores franceses están --esta vez de manera abierta y legal- en huelga por sus condiciones laborales, lo cual provocó ayer que se cancelaran más de 70 conexiones de nuestro país con el vecino galo.

Se trata de un pulso que se veía venir, por mucho que los portavoces de ese colectivo insistan en la añagaza de que las masivas bajas por estrés es pura coincidencia; se deben al acoso al que están sometidos por parte de AENA y del Ministerio de Fomento y nada tienen que ver con las nuevas condiciones laborales --condiciones todavía de absoluto privilegio, aunque se hayan rebajado sustancialmente algunos de los que disfrutaban de antiguo-- impuestas en el convenio colectivo.

Sería una pérdida de tiempo invertirlo en dilucidar si la situación obedece a una repentina ´epidemia´ de estrés, o es simplemente --como indican un abrumador arsenal de datos e incluso declaraciones de los portavoces del colectivo, que afirman que la situación se normalizaría con un acuerdo entre las partes-- una huelga encubierta, como manifiesta AENA, o se trata de una baja organizada, como señala José Blanco. La cuestión terminológica no puede encubrir lo principal: que los controladores han tomado a miles de ciudadanos como rehenes e incluso están chantajeando a la principal industria española, que es el turismo, cuyas pérdidas han calculado los colectivos afectados y las sitúan en 15.000 millones de euros. Y que esa situación tiene que acabar.

La ´solución militar´, por la que opta el ministro Blanco, es, según todos los datos, más efectiva a medio plazo que de forma inmediata. Existe disparidad de criterio sobre si los controladores militares --que operan con toda normalidad en ocho aeropuertos españoles, entre ellos el de Badajoz-- están en condiciones de hacerse cargo del tráfico de los grandes aeropuertos en los próximos días. Y en un asunto tan sensible como este, que afecta a la seguridad del tráfico aéreo, cualquier prudencia es poca. Por tanto, incorporar a los militares al control del tráfico es más un aviso de por dónde puede ir el futuro del colectivo que una solución perentoria.

Al mismo tiempo, Fomento y AENA deberían ir poniendo las bases para desactivar a un colectivo que no repara en acciones para poner en jaque a un sector estratégico de nuestra economía, sin que el Gobierno olvide que hay que acentuar los mecanismos de control de las bajas laborales para que no se conviertan en una herramienta con la que condicionar la normal actividad de empresas y servicios.