El Gobierno de Pedro Sánchez tuvo sobre la mesa un plan elaborado por sus asesores para retirar en 72 horas el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Finalmente, aunque se trataba de una promesa firme, la prudencia ante el pulso judicial planteado por la familia del dictador llevó a aplazar la decisión. Aunque la retirada del cuerpo del dictador de un recinto de titularidad pública es una cuenta pendiente desde la llegada de la democracia, ejecutarlo sin el blindaje legal previo tenía un riesgo cierto: un lugar de sepelio privado y bajo el control de su familia podría haberse convertido en un santuario franquista sin posibilidad de control público. Ese riesgo es uno de los que quiere evitar la propuesta de ley presentada por el PSOE en el Congreso, que complementaría la actual ley de memoria histórica. Además de prohibir que el cuerpo de Franco pueda ser inhumado en ningún «lugar de acceso público» que pueda favorecer la realización de «actos de exaltación del golpe militar de 1936», incluye nuevas medidas para elaborar un censo de víctimas y un banco de ADN para identificarlas, propone crear un día de recuerdo y homenaje, establecer lugares de memoria y retirar condecoraciones y títulos nobiliarios concedidos por el franquismo. Un paso más necesario ante los intentos de la extrema derecha y sus socios de hacer que los miles de cuerpos que yacen abandonados, y las responsabilidades de quienes los arrastraron a esas cunetas, queden en el olvido.
