Uno de los numerosos efectos negativos de los recortes sociales derivados de la gran recesión ha recaído sobre las políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar. El fenómeno tiene también un indisimulado perfil discriminatorio hacia las mujeres, que son las que en mucho mayor número que los hombres acuden a pedir la reducción de jornada o excedencias por cuidado de los hijos. Un informe encargado por el Poder Judicial revela que el 80% de los conflictos judiciales sobre medidas de conciliación afectan a las mujeres, quienes en muchos casos optan por aparcar, o abandonar definitivamente, su carrera laboral para cuidar de la prole y las tareas domésticas. La falta de ayudas públicas en ámbitos como las guarderías hace que les sea más rentable dedicarse ellas mismas al cuidado de sus hijos que pagar tasas que superan a su salario. De confirmarse esta tendencia, la mujer sería finalmente quien pagaría el coste económico de trabajos que el Estado debería asumir total o parcialmente. Por otro lado, su paulatina expulsión de la cadena laboral, además de resucitar arcaicos valores machistas, supondría un derroche de talento que ninguna economía puede permitirse.
